La investigación desarrollada por la Policía y la Agencia Tributaria ha permitido comprobar, entre otros asuntos, cómo el Jefe del Servicio de Carreteras, Miguel Ángel Díez, hoy en prisión comunicada y sin fianza, estaba repartiendo entre al menos dos de las empresas implicadas los lotes del contrato de conservación que debe licitarse y adjudicarse este año 2023.

En la noticia relacionada con el caso de la supuesta trama de corrupción en Obras Públicas, de este martes 28 de febrero, este medio publicaba una imagen de archivo, donde aparecían el Consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa y el Jefe del Servicio de Carreteras, Miguel Ángel Díez, durante la inauguración de una carretera en Cantabria. La nota señala directamente a los representantes públicos como implicados directa o indirectamente en la trama, y no a la empresa constructora que aparece en esa imagen -de archivo-, y que nada tiene que ver con el caso que ahora se está investigando.

Es, por contra, una de tantas empresas de construcción de Cantabria, afectadas durante años por este ‘modus operandi’ de la Consejería de Obras Públicas y su funcionario, ya que muchas perdieron la ocasión de ser beneficiarias de alguno de esos contratos públicos que ‘a dedo o por acuerdo’ se entregaban a estas otras empresas implicadas.

«Todos conocemos su funcionamiento, nadie denunciamos». La mayoría de las empresas que se dedican a la construcción de obras públicas en Cantabria, nada tienen que ver con la trama de la supuesta corrupción investigada, y estos días observan como espectadores lo que se está destapando hoy. Muchas de ellas, conocedoras en silencio de los beneficios que algunas empresas han disfrutado durante años, manifiestan su malestar al conocer la dimensión que está cogiendo este caso de presunta corrupción en el Gobierno regional.

Cuando se les pregunta, ¿y por qué no denunciaron estos hechos en su momento? Pues bien, la respuesta es común a todas las empresas afectadas:  «A dónde íbamos a reclamar, ¿a la administración, a la consejería, a la fiscalía, a Revilla? Nadie nos haría caso, nadie nos iba a creer».

Estas son declaraciones de algunos afectados por esta trama, que salpica a la Administración Pública, y que sufren desde años las consecuencias de esta trama, bien porque no llegan a optar a ninguna licitación, bien porque a pesar de obtener la adjudicación finalmente, los responsables del área -en la Administración- les hacen la «vida imposible» durante la obra.

Transparencia del Gobierno de Cantabria. En relación a las presuntas irregularidades de la Consejería de Obras Públicas, son muchas la noticias que se podrían publicar.

Realizando una simple búsqueda en el portal de transparencia del gobierno de Cantabria del reparto de los contratos menores a nivel de servicios (redacción de proyectos y direcciones de obra, por ejemplo) y descargando o bien el pdf o el Excel, se puede observar que en el año 2022 Consejería de Obras Públicas repartió en redacción de proyectos casi 2 millones de euros, entre 4 o 5 empresas, lo que denota falta de transparencia y oportunidades hacia el resto de empresas, siendo cantabria la única comunidad autónoma que no licita ningun contrato menor, como si hacen País Vasco, Asturias, Castilla León etc,  pero además fueron adjudicadas a dedo a una empresa directamente sin solicitar 3 ofertas como establece la ley.