El Gobierno de Miguel Ángel Revilla decide que la Intervención General de la comunidad autónoma se encargue de ejercer la labor de supervisión de las empresas entidades del sector público y CC.OO tilda de «cacicada» que «renuncie» a crear un consejo de seguimiento para esa tarea «al que se había comprometido».

Sin embargo, desde el Gobierno se ha asegurado en un comunicado que «está trabajando en el desarrollo de la creación de este Consejo que se encargará de llevar a cabo un análisis de la actividad desarrollada por las entidades públicas empresariales, las sociedades mercantiles, las fundaciones y demás entes del sector público institucional autonómico de acuerdo con su plan de actuación, los principios y objetivos consagrados en su norma de creación, su presupuesto, informes de gestión y los acuerdos adoptados por sus órganos de gobierno y administración».

La crítica de CC.OO se ha producido después de la orden publicada por el Gobierno en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) en la que se encarga a la Intervención la supervisión de las entidades del sector público a través --dice el Ejecutivo-de un «sistema de supervisión continua» que, según ha asegurado, «permitirá reforzar el seguimiento y los controles ya existentes sobre las entidades del sector público institucional».

«Se trata de un nuevo instrumento que contribuirá a la mayor eficiencia y eficacia en el empleo de los recursos públicos», ha explicado la consejera de Economía y Hacienda, Ana Belén Álvarez (PSOE). En concreto, a través de este sistema de supervisión continua, la Intervención General de la Comunidad Autónoma controlará la actividad económica-financiera del sector, verificando, entre otras cuestiones, su sostenibilidad financiera, así como el cumplimiento de los fines que justificaron su creación.

Para ello, según establece la orden elaborada por Economía, las entidades del sector público deberán remitir una memoria anual y un informe sobre las fuentes de financiación de los gastos y de las inversiones del organismo o entidad, así como su incidencia, en su caso,   sobre los Presupuestos Generales de la Comunidad. En el caso de los entes que tengan la consideración de Administraciones Públicas a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, deberán facilitar el cálculo de su necesidad de financiación, y aquellos que no tengan la consideración de Administración Pública, deberán enviar el importe de su resultado bruto de explotación en el mismo periodo.

El resto de entidades deberán remitir información relativa a las previsiones específicas sobre sostenibilidad financiera que les sean aplicables y, en su defecto, sobre su capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial que les resulten aplicables.

Tras ello, la Intervención General presentará un informe resumen global de valoración en el que quedarán plasmadas las principales conclusiones. De este modo, la Intervención podrá valorar la formulación de recomendaciones de mejora referidas a aspectos organizativos y estratégicos de la entidad u organismo, así como de gestión económica, presupuestaria y financiera, de recursos humanos y materiales, y de gestión compartida.

Según Álvarez, este nuevo sistema de supervisión continua servirá para «reforzar los controles ya existentes» y se regirá por los principios de «autonomía e independencia», siendo ejercidos por la Intervención «con plena autonomía» respecto de los organismos y entidades objeto del control».

CONSEJO DE SEGUIMIENTO. El Ejecutivo sostiene que con la publicación de la orden que regula el control de eficacia y supervisión continua, «da un paso adelante» en el desarrollo de Ley de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la comunidad autónoma, que prevé este mecanismo de control, así como el Consejo de seguimiento de la actividad de los entes del sector público institucional autonómico.