En el Pleno de este lunes, Vox también ha preguntado, en este caso al titular de Turismo y presidente del Consejo de Administración de la empresa pública Cantur, Javier López Marcano (PRC), por la reciente sentencia del Juzgado de lo Social 6 de Santander que anuló los cambios de categoría y puestos acordados por la Dirección de esta sociedad y que favorecieron al alcalde de Camaleño, el también regionalista Óscar Casares (PRC), y a otra trabajadora.

Ambos ascendieron, respectivamente, a supervisores de hostelería en las instalaciones de Fuente Dé y Zona Bahía, en el de la otra persona, sin pasar por las correspondientes pruebas.

Respecto a la sentencia, dada a conocer por CC.OO y que Cantur va a recurrir, Marcano ha aclarado que «en ningún lugar» de la resolución judicial aparece que lo ocurrido fue un «fraude de ley».

Además, el consejero ha reconocido que se han celebrado 21 causas contra Cantur por motivos laborales, pero el responsable de Turismo no ha sido capaz de explicar si se ha tomado alguna medida para evitar que estos hechos sigan produciéndose.

También, Marcano ha defendido el nombramiento de Casares, una persona que lleva trabajando en Cantur desde 1995, hace 27 años; que «conoce el territorio como nadie» y que es «profesional y responsable». El consejero ha señalado que Casares era «el más indicado» y, de hecho, ha explicado que fue propuesto por el responsable de hostelería de Cantur a la Dirección de la empresa.

Y en cuanto al beneficio que le supuso, Marcano ha indicado de forma irónica que «ese ascenso irresistible» le suponía a Casares 90 euros más al mes.

Por otra parte, y en respuesta a la pregunta de Vox sobre las «medidas correctoras» que se están llevando a cabo en Cantur para que no se repitan las «irregularidades» en las contrataciones de personal «en fraude de ley y nulidades», Marcano ha recordado que «de momento» se está «estabilizando y regulando» la situación de 107 trabajadores; se está «mejorando la redacción» de la Relación de Puestos de Trabajo y se están dando «pasos fundamentales» en la política de personal de la sociedad pública.

Estas cuestiones deben, según Marcano, analizarse y abordarse «desde el sosiego y no desde el interés particular y ni siquiera desde el interés partidista o sindical». Al respecto, ha señalado que el comité está integrado por seis sindicatos y «las relaciones son excepcionales con 5», todos menos uno (en alusión a CC.OO).

«Me satisface mucho escuchar a trabajadores de toda la vida (en Cantur) decir que la política de personal en los últimos tiempos está ganado muchos enteros y a eso nos dedicamos, recogiendo el esfuerzo de los anteriores, claro está, sean quienes fueren», ha concluido.

A pesar de los batacazos judiciales que acumula Cantur en los tribunales, la empresa pública, que gestiona las infraestructuras turísticas de Cantabria, va a recurrir la sentencia del Juzgado de lo Social 6 de Santander que anuló los cambios de categoría y puestos acordados por la dirección de la sociedad y que favorecieron al alcalde de Camaleño, Óscar Casares (PRC), y a otra trabajadora, que ascendieron a supervisores de hostelería en las instalaciones de Fuente Dé y Zona Bahía sin pasar por las correspondientes pruebas.

Así lo han trasladado fuentes judiciales a esta agencia, tras conocerse el fallo de la titular del órgano judicial que estimó la demanda del sindicato Comisiones Obreras contra la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística y los empleados implicados.

En concreto, la jueza declaró la nulidad del cambio de categoría y puesto en cuestión por no haber pasado por las correspondientes pruebas de acceso, ya que fueron acordados directamente por la dirección de Cantur.

«Siendo la empresa demandada una entidad pública autonómica se encuentra vinculada por estos principios en el acceso a la cobertura de sus puestos de trabajo», subrayaba en la resolución judicial, que no es firme, ya que contra la misma cabe interponer recurso, como va a hacer la parte demandada.