El jefe del servicio de carreteras de Cantabria, en prisión desde el 24 de febrero por supuestos contratos irregulares, pudo recibir pagos desde 2003 de hasta 19 empresas de Cantabria, Asturias y Castilla y León lo que presuntamente llevó a que incrementara su patrimonio de 162.000 a más de 4 millones de euros.

Según consta en el sumario de esta causa, por la que también han sido detenidas la mujer y las dos hijas del funcionario y cuatro empresarios cántabros, todos en libertad con cargos, apunta que la actuación de Miguel A.D.B. pudo iniciarse hace veinte años, aunque los hechos anteriores a 2012 estarían prescritos.

Miguel A.D.B. pudo haber solicitado "mordidas" desde 2003 a cambio de favorecer a empresas que trabajaban con la administración regional, según los informes de la Agencia Tributaria y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que constan en el sumario, para el enriquecimiento del entramado que supuestamente generó con su mujer y sus dos hijas, que ahora tienen 20 y 22 años.

Los pagos que presuntamente recibió este funcionario, que también trabajó entre 1995 y 1998 para el Principado de Asturias, provendrían de 19 empresas, 14 de Cantabria, cinco de Asturias y Castilla y León, aunque, según señala El Diario Montañés, sus vínculos con Castilla y León solo se relacionarían con una cuenta que tiene abierta en León y que contaba con apoyo contable de una asesoría de esa ciudad.

Las cantidades que supuestamente darían las empresas a este funcionario por favorecerlas en contratos públicos habrían llegado a los 4,6 millones de euros entre 2003 y 2011, unos hechos que estarían prescritos, pero que constan en la investigación de esta causa, en el que se indica que Miguel A.D.B. presuntamente acabó con esa actividad en 2012 hasta 2019, cuando volvió a recibir pagos de esas características.

Varias de esas cantidades eran supuestamente recibidas de forma directa o indirecta por su esposa, administradora única de una empresa de fotocopias que se creó en 2021, con domicilio en la casa de la familia, sin actividad, de la que eran socias la mujer y las dos hijas, y que llegó a ingresar en un año más de 600.000 euros con apenas 8.000 de gastos.

Sin embargo, antes de 2012, la familia ya tuvo otra empresa, que supuestamente también utilizaba para justificar los pagos que recibían de las empresas. 

"La trama solo opera cuando al frente de la Consejería se encuentra el PRC"

El portavoz del PP en Cantabria, Íñigo Fernández, ha exigido este jueves al Gobierno una nueva explicación tras las nuevas informaciones publicadas sobre los supuestos contratos irregulares en Obras, ya que asegura que "la trama solo opera en la Consejería cuando al frente de la Consejería se encuentra el PRC".

"Con la salida de la Consejería de Obras Públicas del PRC en 2011 se suspenden, ya no hay pagos en los años posteriores, y se reanudan a partir de 2019", ha insistido Íñigo Fernández, ya que en las elecciones autonómicas de 2011 el PP logró la mayoría absoluta y con ella gobernó hasta 2015, cuando la coalición PRC-PSOE obtuvo el mayor número de votos y volvió al Ejecutivo regional.
 

Fernández ha considerado que esta situación "es un elemento nuevo" por el que el Gobierno de Cantabria debe dar una explicación. "¿Porqué la trama de corrupción solo funciona en la Consejería de Obras Públicas cuando al frente de la misma está el PRC? ¿Porqué los pagos se suspenden cuando hay un cambio de gobierno?", ha preguntado el portavoz del PP. Íñigo Fernández ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en la que ha dado a conocer una iniciativa de su grupo parlamentario, con la que pedirá el apoyo del resto de partidos para exigir al Ministerio de Transición Ecológica que resuelva la renovación de las concesiones solicitadas por pequeñas empresas afectadas por la Ley de Costas de 1988.

Zuloaga expresa "condena y cabreo" por los supuestos pagos a empresas desde 2003

El vicepresidente del Gobierno regional, Pablo Zuloaga, ha expresado este jueves su "cabreo y condena" ante las informaciones que apuntan a que el jefe del servicio de carreteras pudo recibir pagos de hasta 19 empresas de Cantabria, Asturias y Castilla y León desde 2003, "en tiempos de crisis", ha recordado.

"De confirmarse este información, no ya solo como vicepresidente sino como cántabro que padeció las consecuencias de aquella crisis como miles de jóvenes de mi generación, la palabra es cabreo y condena", ha afirmado a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa semanal para informar sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno.

Según Zuloaga la información sobre la extensión de la supuesta trama a más empresas, otras dos comunidades y hasta el año 2003 "no obra en la documentación que tiene el Gobierno de Cantabria como parte en la instrucción".

"Me reservo cualquier declaración más allá de manifestar sorpresa, cabreo y malestar al ver una noticia como esta en la que supuestamente han sido muchas las empresas de Cantabria las que han participado en este tipo de prácticas que ahora investiga la Justicia y que, por tanto, han desviado fondos de su objetivo final, mejorar las infraestructuras, han detraído los recursos públicos del desarrollo de otras políticas necesarias en Cantabria en momentos verdaderos complejos, de crisis para muchas familias y trabajadores y trabajadoras", ha lamentado.