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El Diario de Cantabria

«Antes el urbanismo se legalizaba de cualquier manera, sin control»

El diputado de Vox, Armando Blanco, critica que antes el urbanismo se regulaba con «cierta manga ancha» y que ha tenido como consecuencia «más de 800 viviendas con sentencia de derribo»

Imagen del Pleno celebrado ayer lunes en el Parlamento de Cantabria. / ALERTA
Imagen del Pleno celebrado ayer lunes en el Parlamento de Cantabria. / ALERTA
«Antes el urbanismo se legalizaba de cualquier manera, sin control»

El Parlamento de Cantabria ha aprobado en el Pleno una iniciativa presentada por los cinco grupos instando al Gobierno regional y a los ayuntamientos implicados a dar una solución definitiva a los afectados por sentencias de derribo antes de que termine el año 2021.

En concreto, pide que se cumplan los convenios firmados entre los afectados y el Gobierno de Cantabria, que todos los afectados tengan su convenio con las administraciones responsables y que se llegue a acuerdos «sin más dilaciones» con cada uno de ellos.

La iniciativa -una proposición no de ley (PNL)- también reclama presentar ante las autoridades judiciales los desarrollos urbanísticos que puedan afectar a la situación legal de lasviviendas y manifestar la importancia de seguir avanzando en el ordenamiento jurídico para que situaciones como las descritas «no se puedan repetir».

Mediante los convenios, se intentan legalizar las viviendas a través de nuevos planes generales de ordenación urbana (PGOU) en los ayuntamientos implicados y, de no ser posible, se ofrece a los afectados una vivienda de sustitución o el dinero en el que se valore su inmueble.

La mayoría de los afectados «no quieren dinero», quieren legalizar su vivienda y si no se puede «quieren otra», ha explicado el diputado regionalista José Miguel Fernández Viadero, detallando que de las 392 viviendas afectadas la mayoría (334) ya tienen un convenio suscrito con el ejecutivo y otros 21 están en tramitación tras haber sido solicitados en el último año.

Por su parte, desde el PSOE Noelia Cobo ha reconocido la labor de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que ha «recorrido kilómetros y kilómetros» en un camino que, no obstante, «no les ha llevado a ninguna parte» tras más de 20 años. Al hilo, el ‘popular’ Iñigo Fernández ha lamentado que «el problema es que luego no se cumple» lo aprobado en la Cámara ni los convenios, tal y como piden los afectados, ya que son «lo más parecido que tienen a una solución» y su «principal paraguas protector».

Además, ha considerado que se pueden regularizar «muchas de las viviendas» con sentencia de derribo «con un poco de trabajo» y ha apostado por hacerlo porque «es mucho menos doloroso» para las familias, además de que «cualquier otra solución le será mucho más costosa económicamente» a la Administración.

Desde Ciudadanos, Diego Marañón ha añadido que «no podemos permitir que los errores de la Administración los acaben pagando los de siempre, los ciudadanos», y que hay «una obligación moral» de dar una solución. Y aunque ha reconocido que «se han dado pasos» para ello, «también es verdad que el problema no se ha resuelto» para todos los afectados, que siguen esperando «casi un cuarto de siglo más tarde».

Por último, el diputado de Vox Armando Blanco ha criticado que antes el urbanismo se regulaba con «cierta manga ancha» y «se legalizaba todo lo que se había construido de cualquier manera», una «absoluta falta de control» que ha tenido como consecuencia «más de 800 viviendas con sentencia de derribo» y de la que ha culpabilizado al actual presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, por el periodo en el que fue consejero de Obras Públicas -de 1995 a 2003-.

Ciudadanos apuesta por apoyar al ocio nocturno con los gastos

El Parlamento de Cantabria ha aprobado una proposición no de ley de Ciudadanos que aboga por establecer un plan de rescate para los locales de ocio nocturno, de manera que se compense al menos el 70% de los gastos fijos correspondientes a los meses que han estado cerrados por la pandemia. El portavoz del GPCs, Félix Álvarez, ha reclamado al Gobierno «más empatía» con el «sufrimiento» de los propietarios de los establecimientos: «No permitamos que estos negocios mueran por la inacción de un gobierno insensible», ha aseverado. Álvarez, que ha recordado que los locales de ocio nocturno llevan cerrados «a cal y canto» 13 meses, muchos de ellos, negocios «prósperos y viables» que tuvieron que solicitar créditos para poder asumir los gastos fijos «sin ingresos»; unos gastos que Cs ha estimado en entre 3.000 y 5.000 euros, mientras que las compensaciones del Gobierno de Cantabria, al mes «no han superado los 150 euros». «Hay que ir más allá de las buenas palabras», ha dicho el diputado naranja.

Consenso para que Cantabria vacune a todo el sector pesquero

El Parlamento de Cantabria ha instado al Gobierno de Cantabria a vacunar «de forma urgente» a pescadores, rederas, empleados de las cofradías y trabajadores del sector transformador por ser una «actividad esencial» y «sometida a un elevado riesgo de aparición de brotes y contagios» por las especiales circunstancias en que se lleva a cabo. También se pide hacer lo propio con los prácticos del Puerto.

La iniciativa, que se ha debatido por la mañana pero votado por la tarde, ha partido originalmente del PP y, a ella, PRC y PSOE, por una parte, y Vox, por otra, habían presentado sendas enmiendas.

La presentada conjuntamente por los grupos PRC y PSOE era de modificación del texto original y en ella lo que se planteaba era vacunar «a la flota pesquera», si bien la enmienda no ha sido aceptada por los ‘populares’.

«A la flota no se la vacuna, a la flota, todo lo más, se le da una mano de pintura. Se vacuna a los integrantes del sector pesquero, no a la flota», ha contestado irónico el portavoz del PP, Íñigo Fernández, a regionalistas y socialistas, a los que ha advertido que es «muy importante» el uso de las palabras.

Lo que sí ha admitido el PP es una enmienda de adición de Vox para que en esta vacunación se incluya también a prácticos y patronos marineros, que son menos de una veintena, según han explicado.

Y es que, según su portavoz, Cristóbal Palacio, al puerto están llegando tripulaciones contagiadas y son los prácticos del puerto los que se suben a bordo de los barcos sin saber si hay o no casos, con el riesgo que ello conlleva.

El Partido Popular ha afirmado que es una «mentira y gorda» que la región cántabria no pueda vacunar a sus pescadores porque no están incluidos entre los colectivos prioritarios y ha señalado, al igual que Cs, que, con el mismo plan nacional, el País Vasco lo ha hecho ya y Galicia lo está haciendo.

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