Desde el Gobierno de Cantabria se insiste en que los casos de okupación en la región son «puntuales», pero a las víctimas que sufren este en sus propias carnes esto no les puede suponer un consuelo.

Este es el caso de una de la propietarias del G20 de Requejada, en Polanco, que se ha visto obligada a abandonar su casa, malvendiéndola, para poder huir del suplicio que suponía la okupación de diferentes pisos en el inmueble.

«Nos han echado de nuestra casa», lamenta en declaraciones a ALERTA esta mujer que en 2019 llegó a acudir 15 veces al Juzgado para interponer denuncias contra los vecinos de su edificio que habían usurpado viviendas. Una situación «insoportable» debido a las amenazas, las agresiones y el maltrato que daban a los pisos y al edificio.

Según narra esta afectada por la okupación, la propiedad del inmueble, una constructora en quiebra, alquiló un cierto número de viviendas a personas que dejaron de pagar el alquiler y que posteriormente «vendieron» las llaves a otras personas. La población de okupas en el inmueble llegó a situarse en 23 frente al total de 56 viviendas del total de los tres edificios afectados en la urbanización. «Es gente que no quería convivir», se lamenta la que fuera propietaria de una de las viviendas, «reventaban las cerraduras de las puertas porque no querían llevar las llaves de casa encima, arreglaban coches en el garaje, robaban en los pisos vacíos o los realquilaban», explica.

Según su testimonio, se dio el caso de la sustracción de calderas y radiadores que después «vendían por Internet». El descontrol era tal que incluso alquilaban las viviendas vacías como pisos turísticos.

Condenas que «no cumplían». «Vivíamos con miedo», relata esta afectada, que llegó a ser agredida por uno de estos okupas. El temor era tal que instalaron cámaras de vídeo vigilancia y «tenía que grabar con el móvil cuando subía y bajaba las escaleras», recuerda.

Además, denuncia que no se cumplieron las condenas, una de ellas de alejamiento de la vivienda durante 90 días y de la que el agresor no cumplió ni un día». «Y si les multaban, no pagaban», denuncia.

Además, desde la Administración nunca se dio una solución a esta situación. Esta propietaria afectada señala que a través  del Ayuntamiento se cerró una reunión con la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones, «pero nunca se produjo». La solución ha sido que «me he tenido que ir de mi casa».