A las familias de La Pozona de Cuchía "les han prometido su legalización"
15:36 04/04/21
El Partido Popular preguntará en el Parlamento "sobre las intenciones reales" del Gobierno de Cantabria "en la legalización del puerto de La Pozona que en estos momentos se está tramitando".
En un comunicado de prensa, el diputado regional Roberto Media señala que a las 60 familias de la región que atracan sus pequeñas embarcaciones en esa instalación de Cuchía se les había prometido su legalización, después de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ordenase su desalojo y demolición.
Y agrega que el anuncio realizado en el Boletín Oficial por la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo "habla de una solución temporal".
Media recuerda que el pasado mes de septiembre el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, trasladó a representantes de la Asociación La Pozona de Miengo que, tras varias reuniones con la Demarcación de Costas, el Gobierno de Cantabria, en colaboración con el Ayuntamiento, habían encontrado una "fórmula" para permitir que los propietarios de embarcaciones siguiesen utilizando este histórico puerto.
Aunque existe sobre él una orden de desalojo y demolición, la solución pasaría a través de la adscripción de las instalaciones a la Dirección General de Obras Hidráulicas y Puertos del Ejecutivo regional, según se manifestó entonces y señala el PP.
Media explica que el 26 de marzo de 2021 apareció publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el anuncio de información pública del proyecto básico de adecuación de instalación portuaria para refugio de embarcaciones en La Pozona de Miengo.
Sin embargo, según abunda, "en ese anuncio se indica textualmente que el proyecto referido pretende la legalización de las infraestructuras existentes para refugio de embarcaciones en la zona conocida como La Pozona de Miengo", para su utilización "en tanto se materializa la ampliación del puerto de Suances".
"¿Significa esta afirmación que esta legalización, en caso de producirse, será temporal hasta que sea efectiva la ampliación del Puerto de Suances? ¿Responde esta afirmación a los compromisos del Gobierno de Cantabria con los representantes de la Asociación La Pozona?", se pregunta Media.
El diputado del PP ha registrado varias preguntas en el Parlamento de Cantabria para que sean contestadas en comisión por el consejero Gochicoa, a quien además se le pregunta por los plazos que prevé el Gobierno de Cantabria para tener resuelto el proceso de información pública de este proyecto y para que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico resuelva.
En el PP también quieren conocer cuál es el alcance de esta adecuación de instalación portuaria para refugio de embarcaciones en La Pozona de Miengo, si el Gobierno de Cantabria lo considera suficiente, y si entiende que este proyecto resuelve definitivamente la problemática existente con esa instalación.
Del mismo modo, el PP pregunta al consejero si la actuación emprendida mediante ese proyecto conllevará dejar sin efecto las resoluciones de Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar que ordenaban la demolición; y si tendrá como consecuencia la inclusión de las instalaciones como un puerto adscrito al Gobierno de Cantabria. ![Publicidad 171034]()
En un comunicado de prensa, el diputado regional Roberto Media señala que a las 60 familias de la región que atracan sus pequeñas embarcaciones en esa instalación de Cuchía se les había prometido su legalización, después de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ordenase su desalojo y demolición.
Y agrega que el anuncio realizado en el Boletín Oficial por la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo "habla de una solución temporal".
Media recuerda que el pasado mes de septiembre el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, trasladó a representantes de la Asociación La Pozona de Miengo que, tras varias reuniones con la Demarcación de Costas, el Gobierno de Cantabria, en colaboración con el Ayuntamiento, habían encontrado una "fórmula" para permitir que los propietarios de embarcaciones siguiesen utilizando este histórico puerto.
Aunque existe sobre él una orden de desalojo y demolición, la solución pasaría a través de la adscripción de las instalaciones a la Dirección General de Obras Hidráulicas y Puertos del Ejecutivo regional, según se manifestó entonces y señala el PP.
Media explica que el 26 de marzo de 2021 apareció publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el anuncio de información pública del proyecto básico de adecuación de instalación portuaria para refugio de embarcaciones en La Pozona de Miengo.
Sin embargo, según abunda, "en ese anuncio se indica textualmente que el proyecto referido pretende la legalización de las infraestructuras existentes para refugio de embarcaciones en la zona conocida como La Pozona de Miengo", para su utilización "en tanto se materializa la ampliación del puerto de Suances".
"¿Significa esta afirmación que esta legalización, en caso de producirse, será temporal hasta que sea efectiva la ampliación del Puerto de Suances? ¿Responde esta afirmación a los compromisos del Gobierno de Cantabria con los representantes de la Asociación La Pozona?", se pregunta Media.
El diputado del PP ha registrado varias preguntas en el Parlamento de Cantabria para que sean contestadas en comisión por el consejero Gochicoa, a quien además se le pregunta por los plazos que prevé el Gobierno de Cantabria para tener resuelto el proceso de información pública de este proyecto y para que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico resuelva.
En el PP también quieren conocer cuál es el alcance de esta adecuación de instalación portuaria para refugio de embarcaciones en La Pozona de Miengo, si el Gobierno de Cantabria lo considera suficiente, y si entiende que este proyecto resuelve definitivamente la problemática existente con esa instalación.
Del mismo modo, el PP pregunta al consejero si la actuación emprendida mediante ese proyecto conllevará dejar sin efecto las resoluciones de Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar que ordenaban la demolición; y si tendrá como consecuencia la inclusión de las instalaciones como un puerto adscrito al Gobierno de Cantabria.
