MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La Fiscal General Europea, Laura Codruta Kövesi, y el presidente del Consejo General del Notariado (CGN), José Ángel Martínez Sanchiz, han suscrito este lunes un convenio de colaboración en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

El acuerdo permitirá a los integrantes de la Fiscalía Europea solicitar telemáticamente información relacionada con sus investigaciones al Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) del CGN, según ha informado el notariado español en una nota de presa, recogida por Europa Press.

Las solicitudes podrán contener datos recogidos en el Índice Único Informatizado Notarial relacionados con las actuaciones desarrolladas por la Fiscalía Europea dentro de sus competencias, en particular, en el ámbito de la investigación de la delincuencia económica.

"El acuerdo pone de manifiesto que esta lacra presenta una creciente complejidad y que los notarios españoles han venido incrementando exponencialmente en los últimos años la cantidad y calidad de la información que graban y ponen a disposición de las autoridades en la atención a sus requerimientos", han precisado.

PREVENCIÓN DE DELITOS

La información del Índice Único Informatizado Notarial, elaborado con los datos de las escrituras públicas autorizadas en las 2.800 notarías españolas, permitirá a la Fiscalía Europea "disponer, de forma inmediata, de información global y centralizada en cada requerimiento que formule, lo que contribuirá decisivamente a prevenir los actos ilícitos y aportar valor a las investigaciones y diligencias realizadas".

Según ha informado el notariado español, el contenido de los requerimientos podrá incluir operaciones notariales de un particular (con datos complementarios y documentación); información relativa a la titularidad real de personas físicas o jurídicas concretas; así como datos sobre la condición de una Persona con Responsabilidad Pública (según la normativa española) y solicitudes de seguimiento, entre otros.

El CGN habilitará una plataforma web desde la que se canalizarán los requerimientos de información presentados por la Fiscalía Europea. La formulación de estas solicitudes requerirá la identificación del fiscal que la lleva a cabo y se realizará con los máximos estándares de seguridad y según la normativa de Protección de Datos.