MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Cuatro ministerios del Gobierno trabajan a nivel interno en la elaboración de una propuesta de reglamento para garantizar que las materias primas que proceden de países tropicales no provocan deforestación o degradación de aquellos hábitat, lo que se conoce como deforestación importada.

Según han informado fuentes ministeriales a Europa Press, el proceso forma parte de la fase de información pública en la que se encuentra la propuesta de reglamento que han presentado la Comisión Europea y el Parlamento Europeo a mediados del pasado mes de noviembre.

De este modo, España tiene en fase de información pública este proceso para conformar la posición de país y para ello el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha lanzado una consulta pública.

Al tiempo que se cumple con este primer estudio de impacto nacional, cuyo plazo expira el 17 de febrero --tres meses después desde que salió la propuesta de la Comisión--, internamente trabaja en la propuesta propia de reglamento.

Según estas fuentes, para ello se está valorando el impacto y los requerimientos internos para su implementación, así como posibles mejoras al citado reglamento. En ello trabajan el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; el Ministerio de Hacienda y Función Pública y Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El futuro reglamento de los Veintisiete busca garantizar que los productos básicos y materias primas como la soja, el aceite de palma o el cacao que se importan a la UE no están asociados a la deforestación y la degradación forestal y con su aprobación se derogará el Reglamento Europeo de la Madera.

La propuesta europea impondrá requisitos a la importación, la exportación, la producción y la comercialización de dichos productos en la Unión y afecta al ganado vacuno, cacao, café, aceite de palma, soja y madera, así como algunos de sus productos derivados.

La UE justifica la necesidad de esta normativa en que la deforestación y la degradación forestal están avanzando "a un ritmo alarmante, agravando así el cambio climático y la pérdida de biodiversidad".

En concreto, subraya que el factor que más influye en la deforestación y la degradación forestal es la expansión de las tierras agrícolas para obtener materias primas tales como ganado bovino, madera, aceite de palma, soja, cacao o café. Asimismo, valora que ante el aumento previsto de población mundial se incremente la demanda de productos agrícolas, especialmente los de origen animal, lo que reforzará la demanda de suelo agrícola y crecerá la presión adicional sobre los bosques, mientras que la transformación de las pautas climáticas afectará a la producción de alimentos.

"Será preciso empezar a producir de una forma sostenible que no provoque más deforestación y degradación forestal", reflexiona la propuesta europea en elaboración.

El objetivo es que solo puedan introducirse o comercializarse en el mercado de la UE o bien exportarse de él las materias primas y los productos derivados incluidos en el reglamento si son libres de deforestación; si han sido producidos de conformidad con la legislación pertinente del país de producción, y están amparados por una declaración de diligencia debida.

En concreto, se considera 'libres de deforestación' los productos producidos en tierras que no han sido objeto de deforestación después del 31 de diciembre de 2020 y, en el caso de la madera, que haya sido además aprovechada del bosque sin provocar su degradación después del 31 de diciembre de 2020.

El reglamento afecta a importadores, exportadores, productores europeos y comerciantes de estas materias primas y sus productos derivados. En concreto, los agentes y comerciantes que no sean pequeñas y medianas empresas (PYME) --antes de introducir, comercializar o exportar estas materias primas o productos-- tendrán que ejercer la diligencia debida y valorar el riesgo de que los productos hayan podido causar deforestación en su producción o bien de que sean ilegales en su país de origen.

Por tanto, de acuerdo con la propuesta europea tendrán que presentar una declaración que confirme que se ha llevado a cabo tal diligencia. Dicha declaración se presentará a través de un Sistema de Información, el 'Registro', que la Comisión creará y mantendrá de manera centralizada para todos los Estados miembros.

Por su parte, los comerciantes que sean PYME tendrán que demostrar la trazabilidad de sus productos, es decir, disponer de la información sobre los agentes o comerciantes a los que compra y sobre los comerciantes a los que vende y tendrán que conservar esta documentación durante cinco años.

Cada uno de los Veintisiete Estados miembro tendrán que nombrar a una o más autoridades competentes responsables de la ejecución de este Reglamento, que deberán controlar que los agentes y comerciantes cumplen con sus obligaciones, para lo que se elaborará un plan anual de controles.