Madrid, 23 feb (EFE).- El proyecto de ley audiovisual se enfrenta mañana a un primer examen en el Congreso en el que deberá superar la enmienda a la totalidad del PNV, que ve una "intromisión" en la gobernanza de las televisiones autonómicas vascas, salvo que los nacionalistas decidan retirar su veto, el único presentado.

Las conversaciones entre el Ejecutivo y el PNV siguen abiertas, ya que tal y como explicó su portavoz, Aitor Esteban, el pasado martes, ellos no pretenden "echar atrás" la ley, sino dar al Ejecutivo una alternativa para "que pueda encontrar de forma más sencilla una mayoría".

El PNV es el único grupo parlamentario que ha presentado una enmienda a la totalidad del proyecto de ley audiovisual, que el Gobierno pactó con ERC a cambio de incluir unas cuotas lingüísticas del 6% de producción y emisión en lenguas cooficiales, y cuyo alcance y detalle siguen sin estar claros.

Así, lo que dice el texto aprobado es que se extiende a las plataformas como Netflix la obligación que ya tenían las televisiones tradicionales de unas cuotas mínimas de horas de emisión de obra europea, incluidos unos porcentajes en lengua oficial y cooficiales del Estado.

En las televisiones debe consagrarse un 51 % del contenido a obra europea, y de él, al menos la mitad en lengua oficial (español) o cooficiales (catalán, gallego, euskera).

La novedad es que ahora la obligación se extiende a las plataformas, pero dado que estas no tienen emisión tradicional, se impone un porcentaje de obra europea sobre el catálogo disponible.

En concreto, debe haber una cuota del 30 % de producción europea en su catálogo; de ese porcentaje, el 50 % debe ser en lengua oficial o cooficiales (15 % del total) y de esa subcuota, un 40 % en lenguas cooficiales (6 % del total).

El problema es que tal y como está redactado el texto y dadas las limitaciones que estipula la directiva europea de origen, estas cuotas sobre el catálogo solo afectan a las plataformas con sede en España, pero no a multinacionales como HBO o Disney, si bien ERC insiste en que sí es así.

Tampoco se sabe de momento si la obligación de contenido en estas lenguas cooficiales se puede saldar con subtitulados, doblajes o producción, lo que va añadiendo niveles de coste y dificultad.

Por el momento, las plataformas han dejado claro que para ellos la mejor manera de garantizar la oferta de contenidos en lenguas cooficiales es a través del doblaje y la subtitulación y mediante la colaboración público-privada, es decir, con ayudas públicas.

Aunque ha sido el elemento más polémico, el de los idiomas no es el único punto de discusión de la ley. Por todas las obligaciones que se les imponen, UTECA, la asociación de televisiones en abierto, ha advertido de que se sienten discriminados.

Por su parte, las principales asociaciones de productores independientes, agrupadas en la plataforma PAP, han alertado de que se pone "en jaque" a la producción "realmente independiente" a favor de las grandes plataformas y cadenas de televisión, y se condena a las productoras nacionales a ser meras proveedoras de las gigantes extranjeras que se quieren atraer.

Así, como alertó la presidenta de la Asociación Estatal de Cine (Aecine), María Luisa Gutiérrez, "se está desviando el debate sobre la ley audiovisual". Lo que quieren es asegurar que el productor sea realmente independiente, "que no dependa de ningún medio de comunicación y que no tenga capital mayoritariamente extracomunitario".

También reclaman mayor protección los productores de cortometrajes, que han reunido firmas como la de Pedro Almodóvar o Carlos Saura para que la ley audiovisual incluya financiación propia para este formato a través de las televisiones públicas.

Otro de los temas en cuestión es que el Gobierno había prometido a las operadoras de telecomunicaciones que retiraría la tasa del 0,9 % de sus ingresos para financiar RTVE que impuso José Luis Rodríguez Zapatero al liberar de publicidad a la televisión pública.

Se llegó a introducir una disposición adicional para permitir que esta financiación se realizara con aportaciones de las plataformas y agentes del mercado audiovisual.

Sin embargo, el texto aprobado mantiene las obligaciones de los operadores de telecomunicaciones "en tanto no entren en vigor las nuevas previsiones relativas a la financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española", lo que ha provocado el enfado de la patronal de telecomunicaciones. EFE

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