San José, 9 ene (EFE).- Unos 3.500 indígenas ngöbe-buglé han obtenido la nacionalidad costarricense desde 2019, cuando entró en vigor una ley que pretende garantizar los derechos de esa población transfronteriza.

Así lo informó el Gobierno costarricense, que este sábado y domingo realizó una campaña para que 300 familias de esa etnia indígena fuera aseguradas por el Estado en la comunidad de Sixaola, provincia de Limón (Caribe), fronteriza con Panamá.

Según los datos oficiales, desde que en 2019 entró en vigor la Ley de Protección del derecho a la nacionalidad costarricense de la persona indígena transfronteriza y garantía de integración de la persona indígena transfronteriza”, alrededor de 3.500 indígenas ngöbe-buglé han sido reconocidos con la nacionalidad costarricense.

La nacionalidad ha facilitado a estas personas el acceso a servicios públicos y a la atención de instituciones de las que por décadas fueron privados al no contar con la ciudadanía.

Como parte de estas acciones, este fin de semana el Viceministerio de la Presidencia, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) efectuaron una campaña en la localidad de Sixaola.

El objetivo de la campaña es que 300 familias indígenas pudieran ser aseguradas por el Estado después de que las autoridades llevaran a cabo un trabajo de recopilación de información y de identificación de personas en estado de vulnerabilidad en la zona.

El pueblo indígena Ngöbe Buglé se extiende desde la provincia panameña de Chiriquí hasta las provincias costarricenses de Puntarenas (sur) y Limón (Caribe) y tiene una larga historia de movilidad entre los territorios desde antes de que fueran establecidas las fronteras.

En la actualidad la movilidad de indígenas entre ambos países se debe principalmente al trabajo en cosechas agrícolas en Costa Rica.

La migración histórica de los indígenas ngöbe buglé entre Costa Rica y Panamá y la falta de documentos de nacimiento ha generado por años un problema de apatridia y de acceso a servicios básicos que las autoridades están tratando de solucionar, con acciones como la ley aprobada en 2019.

La ley pretende facilitar a los indígenas trámites expeditos, gratuitos y asistidos en su lengua para que obtengan la nacionalidad o la residencia costarricense, dependiendo de cada caso.

La ley también reconoce el derecho de las personas indígenas transfronterizas a tener la nacionalidad costarricense para poder acceder eficazmente a servicios públicos como salud y educación.

Según datos oficiales, en Costa Rica, país de 5,1 millones de habitantes, viven cerca de 104.000 indígenas distribuidos en ocho pueblos: Bribís, Cabécares, Malekus, Chorotegas, Huetares, Teribes, Bruncas y Ngöbe. EFE

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