En una sesión parlamentaria llena de tensiones y posturas divergentes, Vox se encontró en una posición aislada al defender una iniciativa que proponía que los ayuntamientos bonificaran el 100% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los propietarios de inmuebles okupados ilegalmente. La propuesta, que recibió votos en contra por parte de los representantes del PSOE y del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), así como la abstención por parte del Partido Popular (PP), desató un debate intenso en el que el grupo proponente expresó su «decepción» y cuestionó las razones esgrimidas por algunos de sus opositores.

Vox argumentó que la medida era una respuesta necesaria a un problema social de primer orden: la okupación ilegal de viviendas. Según la formación liderada por Santiago Abascal, no es justo que los propietarios, ya afectados por la situación de okupación, deban asumir el pago del IBI año tras año. Consideran que su propuesta, aunque modesta, constituye una medida «sensata» y «muy necesaria» para aliviar el «dolor» de las víctimas de la okupación.

La formación político-social expresó su preocupación por los «escandalosos» índices de okupación en Cantabria y España, señalando una «falta de protección real» hacia las víctimas por parte de las Administraciones. Vox afirmó que la regulación existente va en la «dirección equivocada» y sostiene que es necesario replantearse cómo se aborda este fenómeno social.

Aunque el Partido Popular coincidió con Vox en el análisis del problema, expresó su reticencia a respaldar la propuesta en su forma actual. El PP compartió la preocupación sobre la okupación, pero argumentó posibles «efectos indeseados» que podrían derivarse de la implementación de la medida. Temen que la bonificación del IBI pueda desincentivar a los bancos a iniciar procesos de desalojo, ya que esto implicaría asumir el pago del impuesto. El PP sugirió que la solución al problema podría encontrarse en modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil o el Código Penal.

Además, el PP había presentado una enmienda de modificación, aunque la Mesa no la admitió a trámite. Ante esta situación, el PP solicitó a Vox dejar sobre la mesa la iniciativa para abordarla en otra sesión, pero el proponente no accedió a esta petición. Esta discrepancia refleja la profundidad de las divisiones y la dificultad para llegar a un consenso sobre cómo abordar la problemática de la okupación.

Por su parte, el PRC se manifestó en contra de la propuesta de Vox, argumentando que la medida no distingue entre propietarios particulares y grandes tenedores o entidades financieras. Según el PRC, esta falta de discriminación podría llevar a que los grandes tenedores o entidades financieras eviten presentar denuncias para no desalojar a los okupantes y, por ende, evitar el pago del impuesto. Además, el PRC criticó que la propuesta muestra «poca sensibilidad» con aquellos perjudicados que no son propietarios directamente afectados por la okupación.

En medio de este debate, el PSOE también se mostró en desacuerdo con la propuesta de Vox, a pesar de compartir la preocupación por los afectados por la okupación. El PSOE considera que la solución propuesta por Vox no es la adecuada para abordar el problema. Esta divergencia refleja la complejidad del tema y la necesidad de explorar diversas perspectivas y enfoques para encontrar una solución equitativa y eficaz.

La propuesta de Vox plantea no solo cuestiones relacionadas con la okupación en sí, sino también con la capacidad del sistema político para abordar de manera efectiva un problema social complejo y multidimensional. La falta de consenso entre las diferentes fuerzas políticas subraya la necesidad de un diálogo más profundo y la búsqueda de soluciones que equilibren los derechos de los propietarios con la protección de los afectados por la okupación.

En última instancia, la votación y el posterior debate revelan las tensiones existentes en torno a cómo se deben abordar los problemas sociales emergentes, como la okupación ilegal. La divergencia de opiniones y enfoques entre los partidos políticos destaca la complejidad de encontrar soluciones que sean justas, equitativas y que aborden eficazmente las preocupaciones de todas las partes involucradas. Así, la propuesta de Vox para la bonificación del IBI a propietarios de inmuebles okupados generó un intenso debate en el parlamento, con el PSOE y el PRC votando en contra, el PP absteniéndose y expresando reticencias, y Vox defendiendo la medida como una respuesta necesaria a un problema social apremiante. La falta de consenso destaca la dificultad de abordar la okupación ilegal y la necesidad de un diálogo más profundo para encontrar soluciones equitativas.

Más fondos contra la violencia de género. Por otro lado, el Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes, sin el apoyo de Vox, una proposición no de ley que pide al Gobierno regional destinar más fondos a la prevención de la violencia de género y asistencia a las víctimas.

El PRC ha sido el grupo que ha llevado la iniciativa a la Cámara para su debate en el Pleno de este lunes coincidiendo con la semana en la que se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre), aunque se ha transaccionado con el PP incluyendo propuestas que la «complementan».

En sus puntos, pide garantizar que se cumplen en la comunidad los acuerdos de la Conferencia Sectorial de Igualdad y los vinculados al Pacto de Estado contra la violencia de Género, así como destinar en los presupuestos de Cantabria los medios suficientes para los recursos de protección, asistencia y apoyo a las víctimas.

Igualmente, se vela por mantener el seguimiento de los protocolos de actuación para la detección y atención a las víctimas y por elaborar nuevos protocolos cuando se detecten necesidades. Además, se aboga por reforzar la formación de los profesionales encargados de la asistencia a las víctimas.

«Ojalá fuera cuestión de dinero» pero «no lo es», ha dicho la diputada Leticia Díaz, que ha pedido «no comprar el lenguaje de la izquierda» para hablar de este asunto. «No podemos criminalizar al hombre por el hecho de ser hombre y convertir a la mujer en víctima por el hecho de ser mujer», ha sentenciado, añadiendo que, además «ahora uno se autopercibe en materia de género».

Frente a esta postura, la regionalista Rosa Díaz ha defendido la PNL señalando que los datos «son tozudos» y «no admiten interpretaciones», aunque cree que si los casos crecen es porque «se visibiliza» y «ahora se habla de ello».