El Ministerio de Trabajo de España ha alcanzado un consenso crucial con los sindicatos  para incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en un 5%, proyectado para el ejercicio fiscal de 2024. Este acuerdo representa un paso significativo en la política económica del país y busca abordar las crecientes demandas de los trabajadores en un contexto de incertidumbre económica global.

La decisión, anunciada por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, conlleva un aumento sustancial del SMI, que pasa de los actuales 1.080 euros mensuales por catorce pagas a 1.134 euros. Este incremento, aplicable retroactivamente desde el 1 de enero de 2024, se ha forjado a través de negociaciones sostenidas desde el mes de diciembre, marcando un esfuerzo sostenido por parte de las partes involucradas.

No obstante, la trascendencia de este pacto se ve matizada por la ausencia de las principales organizaciones empresariales, CEOE y Cepyme, quienes optaron por no sumarse al acuerdo. Sus reticencias se fundamentan en demandas no atendidas, especialmente la indexación del SMI a los contratos públicos y la establecimiento de bonificaciones para el sector agrario. Esta disidencia destaca la complejidad inherente a la negociación tripartita, poniendo de relieve las tensiones entre los actores clave en el ámbito laboral y empresarial.

El secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, expresó su lamento ante la falta de un acuerdo con la patronal y afirmó haber agotado todas las vías posibles para llegar a un consenso tripartito. No obstante, subrayó que la subida del 5% se traducirá en un incremento de 54 euros mensuales, beneficiando a más de 2,5 millones de personas, con un impacto significativo en mujeres y jóvenes, quienes verán mejorada su calidad de vida.

El componente social de esta medida no ha pasado desapercibido, ya que el secretario de Estado destaca que la subida también afectará positivamente al salario por hora de las empleadas de hogar. Además, Pérez Rey vincula este incremento salarial con la búsqueda de un país más próspero y equitativo, apuntando a la reducción de la brecha salarial con respecto a Europa y la mitigación de la pobreza salarial.

Este aumento del 5% en el SMI representa la continuación de una senda ascendente iniciada a principios del año pasado, cuando el Gobierno acordó con los sindicatos una subida del 8% para el año 2023. Asimismo, el Ejecutivo ha expresado su compromiso de legislar para establecer que el SMI sea siempre equivalente al 60% del salario medio, buscando así proporcionar un marco de referencia sólido para las políticas salariales en el país.

La ausencia de la CEOE en este pacto no es una novedad, ya que la organización tampoco se sumó a los incrementos del SMI acordados en 2022 y 2021. Sin embargo, es importante señalar que sí participó en el pacto de 2020, que llevó el SMI de 900 a 950 euros mensuales.

Desde la perspectiva sindical, el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, considera coherente el aumento del 5%, destacando su conexión con otras subidas gubernamentales, como las pensiones mínimas y el Ingreso Mínimo Vital. Por su parte, la secretaria confederal de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, calificó el acuerdo como una buena noticia, aunque lamentó la ausencia de un consenso tripartito.

En el análisis de las cifras, cabe resaltar que desde el inicio de la senda ascendente del SMI, esta renta mínima se ha revalorizado en un 52%, contribuyendo a una reducción del 25% en la pobreza salarial. Estos datos refuerzan la importancia de las políticas salariales en la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores y la mitigación de la desigualdad económica.

En conclusión, el acuerdo sobre el incremento del SMI para 2024 refleja los desafíos inherentes a la negociación entre los agentes sociales y empresariales en el ámbito laboral. Aunque el incremento del 5% representa un avance significativo, la ausencia de un consenso tripartito y las demandas no atendidas de las organizaciones empresariales evidencian la complejidad de la toma de decisiones en el panorama económico actual. Este aumento, con su impacto social y económico, plantea interrogantes sobre la dirección futura de las políticas salariales en España y su papel en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.