El pleno de Torrelavega ha rechazado con los votos del equipo de gobierno (PRC-PSOE) una propuesta del PP para aplicar un 25 % de bonificación en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los locales comerciales en activo, como forma de reactivar al sector minorista.

Esta propuesta está incluida en una moción en la que también se pedía un programa de apoyo a las personas sordas o con problemas auditivos, con una dotación económica en los presupuestos de 2024 para impartir cursos de lengua de signos a precios asequibles, o duplicar las ayudas a asociaciones de apoyo al colectivo.

Esta partida presupuestaria debería tener consignación suficiente para adquirir un bucle magnético para el Teatro Municipal Concha Espina, y se complementaría con otra para rehabilitar el complejo deportivo Óscar Freire.

Acusan al gobierno de «correr mucho». A su vez, Miguel Remón (PP) ha acusado a PRC-PSOE de «correr mucho» en la implantación de esta zona, ya que sin haberse aprobado la delimitación ya se están licitado los elementos de control, además de no tener en cuenta el posible afecto del soterramiento en la mejora de la calidad ambiental.

Ha instado al equipo de gobierno PRC-PSOE a «seguir el modelo» de Pontevedra para solicitar la exención a la implantación de la zona dada la buena calidad del aire y, si se niega, pedir una prorroga de los plazos para poder mejorar el transporte público y construir aparcamientos alternativos.

Para Remón, la ZBE y una ordenanza poco flexible «puede ser la puntilla» para el comercio de Torrelavega, y ha pedido al equipo de gobierno «valentía» para explorar vías alternativas a la implantación de altas restricciones al tráfico.

Por contra, la concejal de Movilidad, Jezabel Tazón (PRC), ha insistido en la obligación legal de poner en marcha la zona de bajas emisiones y ha alertado del peligro de perder 3,5 millones de euros de fondos europeos recibidos para distintos proyectos si no se aplican estas restricciones.

También ha resaltado que la futura zona de bajas emisiones propuesta por el Ayuntamiento «es la mínima» para cumplir la ley, y que la ordenanza regulará cómo se podrá realizar el acceso de los vehículos al área.

Patricia Portilla (PSOE) ha justificado el voto en contra porque la puesta en marcha de las zonas de bajas emisiones «es una obligación legal» que el Ayuntamiento no puede soslayar, y ha acusado a Vox de intentar «hacer confundir» a los ciudadanos y de propalar «un miedo al futuro injustificado». A su juicio, la futura ordenanza será el marco para regular los usos de la zona de bajas emisiones.