La red desmantelada utilizaba empresas ficticias para eludir las obligaciones con la Seguridad Social, aprovechándose de la vulnerabilidad del sistema. La empresa inicial, ubicada en Albacete, no solo defraudaba al SEPE e INSS, sino que también servía como fachada para un entramado más amplio que operaba en varias ciudades.

El administrador de estas sociedades, junto con su esposa, figuraba en la cabeza de treinta empresas ficticias en Albacete, Alicante, Cuenca y Valencia.

Estas empresas, con el mismo abogado como tramitador autorizado, llevaban a cabo altas irregulares y utilizaban a familiares cercanos para obtener prestaciones fraudulentas. Además del fraude al SEPE e INSS por 304.094 euros, la investigación ha revelado un posible fraude a la Hacienda Pública cercano a los 12 millones de euros, actualmente bajo investigación de la Agencia Tributaria de Albacete.

Los detenidos enfrentan cargos de fraude en la obtención de prestaciones y pertenencia a grupo criminal, siendo la última una acusación por crear un entramado empresarial con el propósito de defraudar al Servicio Público de Empleo Estatal.