La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado una pena de cuatro años de prisión y una inhabilitación especial en cualquier profesión relacionada con el turismo activo por el mismo periodo, para cada uno de los cuatro acusados implicados en el fallecimiento de una niña durante una actividad de descenso en el río Cares, en el verano de 2020. El suceso tuvo lugar mientras la menor participaba en un campamento en la localidad cántabra de Comillas.

El Ministerio Fiscal también reclama indemnizaciones que superan los 200.000 euros para la familia de la menor. Los acusados enfrentan cargos por un delito de homicidio por imprudencia grave. La vista oral está programada para comenzar el 29 de enero en el Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo, extendiéndose hasta el 2 de febrero.

El relato fiscal describe que la víctima estaba inscrita en un campamento de verano organizado por el grupo toledano Layos Camp en Comillas. La empresa contratada para las actividades era propiedad del primer acusado. El día del accidente, se optó por realizar el descenso en canoa-raft, y, según el fiscal, el primer acusado sabía que los otros tres carecían de titulación específica y formación en primeros auxilios y seguridad, pero aún así les encargó actuar como monitores.

La Fiscalía destaca que el primer acusado, aunque autorizado para actividades de piragüismo y quads, no tenía autorización para el descenso en aguas bravas. Además, la zona donde ocurrió el accidente no estaba incluida en el protocolo de actuación en caso de accidentes de la empresa.

Durante el descenso, la víctima y otra menor perdieron el control de la canoa, volcando y resultando en que la víctima quedara atrapada y finalmente falleciera por ahogamiento. La falta de atención de los acusados y la demora en avisar al servicio de emergencias fueron aspectos clave señalados por la Fiscalía.

La Fiscalía acusa a los implicados de comisión por omisión y coautoría en un delito de imprudencia grave con resultado de muerte, pidiendo además la inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión relacionada con turismo activo y el abono de las costas. La indemnización solicitada se distribuye entre los padres y hermanos de la menor fallecida, con las entidades aseguradoras y la empresa del primer acusado como responsables civiles.

Este caso pone de relieve la importancia de la seguridad y la capacitación adecuada en actividades de turismo activo, especialmente cuando involucran a menores de edad.