Una reciente revelación sacude a Francia: más de 400 radares móviles, destinados a controlar la velocidad en las carreteras, son operados por conductores privados en lugar de policías. La noticia proviene de una empresa francesa que anunció la instalación de estos radares en coches particulares a principios de enero.

En un giro inesperado, se revela que la mayoría de estos conductores privados no patrullan en coches policiales, desafiando la imagen tradicional de la aplicación de la ley. Según las autoridades francesas, este enfoque les permite pasar desapercibidos, facilitando la detección de infracciones de manera efectiva.

El departamento de tráfico francés ha subcontratado esta tarea a cuatro empresas, encargadas de seleccionar conductores calificados. Estos conductores deben tener al menos 10 puntos en su licencia de conducir, de un máximo permitido de 12 en el país. Su remuneración no se basa en multas, lo cual sería ilegal, sino en la distancia recorrida durante la patrulla, llegando a facturar alrededor de 1.500 euros mensuales.

Este modelo, aunque no idéntico, tiene similitudes con la situación en España, donde algunos municipios externalizan el control del tráfico. En un caso destacado en Cazalegas, Toledo, un particular operaba un radar móvil desde su coche, desatando controversia sobre su legalidad. Aunque en España el mecanismo es diferente, con empresas que gestionan radares en nombre de los ayuntamientos, el episodio destaca la complejidad de la externalización del control del tráfico.

En Cazalegas, el radar móvil manejado por un particular podría invalidar las multas impuestas durante su funcionamiento, ya que, según la normativa, estos dispositivos deben ser operados por agentes de la autoridad. El incidente pone de relieve las implicaciones legales y éticas de este enfoque, mientras se cuestiona si la seguridad vial debería depender de conductores privados.