La investigación de la Guardia Civil sobre la trama vinculada a Forestalia ha destapado un sistema de presuntas mordidas millonarias, presiones internas y decisiones administrativas irregulares dentro del Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido durante años por Teresa Ribera.

En el centro de la investigación aparece Eugenio Domínguez, ex subdirector de Evaluación Ambiental, quien según los investigadores habría recibido millones de euros en contraprestaciones para facilitar autorizaciones a proyectos de energías renovables, según publica El Mundo.

Los agentes sostienen que el alto cargo utilizó su posición para agilizar expedientes, aprobar declaraciones de impacto ambiental favorables y desbloquear grandes parques eólicos y fotovoltaicos.

Todo ello en un contexto de avalancha de inversiones públicas y privadas en el sector de las energías renovables, impulsadas por los fondos europeos y la apuesta del Gobierno por la transición ecológica.

Una relación clave dentro del Ministerio

La investigación también apunta al papel de Marta Gómez Palenque, directora general de Calidad y Evaluación Ambiental durante ese periodo.

Ambos compartieron responsabilidades en el departamento encargado de analizar los impactos medioambientales de grandes proyectos energéticos, una pieza clave para que parques eólicos o plantas solares puedan construirse.

En 2023, Gómez Palenque dedicó un mensaje público a Domínguez en redes profesionales agradeciéndole su trabajo.

“Gracias por este casi año de enseñanza y trabajo”, escribió.

Ese mensaje sigue visible en internet, a pesar de que Domínguez está ahora investigado por la Guardia Civil por presuntos sobornos.

El “oro verde” de las renovables

La explosión del negocio de las energías renovables en España convirtió el sector en uno de los más atractivos para empresas e inversores.

Con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, el Gobierno reforzó la apuesta por la transición energética y el ministerio pasó a denominarse Ministerio para la Transición Ecológica.

La combinación de:

• subvenciones públicas

• fondos europeos

• licencias administrativas

• plusvalías millonarias en terrenos

convirtió el sector en un auténtico “Eldorado energético” para empresas.

En ese contexto, el departamento encargado de evaluar los impactos ambientales se transformó en un punto crítico para aprobar o bloquear proyectos multimillonarios.

La confesión ante la Guardia Civil

Según los investigadores, Eugenio Domínguez admitió ante los agentes de la UCOMA (Unidad Central Operativa de Medio Ambiente) que había recibido propuestas económicas para facilitar autorizaciones.

El contacto con las empresas se habría producido a través de intermediarios vinculados a Forestalia, una de las compañías más importantes del sector.

En su declaración, el ex alto cargo habría reconocido que le prometieron “arreglarle la jubilación” a cambio de facilitar los permisos necesarios para los proyectos.

Decisiones polémicas en proyectos eólicos

La investigación ha detectado decisiones administrativas difíciles de explicar.

Uno de los ejemplos citados por los investigadores se produjo en Teruel.

Domínguez aprobó un parque eólico de Forestalia con 54 aerogeneradores mientras rechazaba otro proyecto similar situado prácticamente en el mismo entorno.

Según los informes policiales, los molinos de ambos parques estaban intercalados geográficamente, lo que ha levantado sospechas de trato de favor y posible prevaricación.

Funcionarios que denunciaron presiones

La investigación también recoge testimonios de funcionarios del propio Ministerio.

Varios trabajadores aseguraron a los investigadores haber sufrido presiones internas para acelerar autorizaciones ambientales.

Algunos funcionarios incluso solicitaron cambios de departamento ante el temor de verse implicados en decisiones controvertidas.

Según las fuentes consultadas por los investigadores, Domínguez llegó a acumular decenas o incluso centenares de expedientes en su ordenador personal, muchos más que el resto del equipo.

Conexiones con otras tramas de corrupción

La investigación también conecta con otros casos políticos que afectan al PSOE.

Entre los nombres que aparecen en las pesquisas figura el empresario Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en la empresa Servinabar, y señalado en varias investigaciones vinculadas al caso Koldo.

Las conexiones entre empresarios, cargos públicos y intermediarios han llevado a los investigadores a sospechar que podría existir una red más amplia de influencia en la concesión de proyectos energéticos.

Un negocio de cientos de millones

Los permisos que dependían de la subdirección de Evaluación Ambiental eran decisivos para proyectos que movían cientos de millones de euros en inversión.

Además, muchos de ellos recibían subvenciones públicas y ayudas europeas, lo que multiplicaba el valor económico de cada autorización.

Según los investigadores, el verdadero negocio no solo estaba en construir los parques energéticos, sino en las ayudas públicas vinculadas a esos proyectos.

La investigación sigue abierta

Tanto Eugenio Domínguez como Marta Gómez Palenque están actualmente investigados judicialmente en distintas causas relacionadas con decisiones administrativas adoptadas en el Ministerio.

Por ahora, los investigadores no han encontrado indicios de enriquecimiento personal directo en el caso de la directora general.

Sin embargo, la Guardia Civil continúa analizando documentos, expedientes y movimientos societarios para determinar el alcance real de la trama.

La investigación podría ampliarse si aparecen nuevas conexiones entre empresas energéticas, intermediarios y cargos públicos.