El Ayuntamiento de Santander tiene previsto implementar en "los próximos meses" un plan de acción contra el ruido, cuya elaboración ha sido adjudicada a la empresa Acusttel. Este anuncio fue realizado por la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, durante el debate de una moción presentada por el PSOE en el pleno municipal.

La moción, respaldada por el equipo de gobierno (PP), se compromete a modificar la ordenanza municipal en un plazo aproximado de seis meses para incluir el procedimiento para evaluar y declarar zonas acústicamente saturadas (ZAS), como el Ensanche y otras áreas posibles. Una vez establecido el procedimiento y enmendada la ordenanza, se llevará a cabo un estudio para analizar estas zonas, que servirá como base para la propuesta de declaración de las ZAS.

La propuesta socialista recibió una enmienda y el apoyo del PP, mientras que los demás grupos (Vox, PRC e IU-Podemos) se abstuvieron en la votación.

Además, la moción insta al equipo de gobierno a desarrollar un plan de acción contra el ruido, que según anunció Rojo, ya está siendo redactado por la empresa Acusttel. También se solicita la revisión de la ordenanza de terrazas y veladores, considerada "caduca" por la oposición.

En relación con el ruido del ocio nocturno, se ha encargado un análisis más detallado. Según explicó Rojo, este análisis se integrará en el plan de acción contra el ruido, que servirá como guía para identificar las áreas que requieren intervención y determinar las acciones prioritarias.

El portavoz del PSOE, Daniel Fernández, celebró el compromiso del equipo de gobierno y expresó la vigilancia del plazo establecido. En cuanto a otra enmienda propuesta por los regionalistas, Fernández justificó el rechazo del PSOE debido a que los plazos propuestos eran "prácticamente imposibles de cumplir".

Por otro lado, se rechazó una iniciativa del PSOE para instar al Gobierno regional del PP a elaborar un estudio sobre el precio de compra y alquiler de viviendas en Santander. El concejal de Fomento y Vivienda, Agustín Navarro, argumentó que no consideran necesario solicitar al Ejecutivo regional la realización de ningún estudio y que la aplicación de ciertas medidas en determinadas zonas residenciales no sería beneficiosa para los ciudadanos.

Además, se anunció la creación de un censo público de instalaciones y espacios con amianto en la ciudad en un plazo de tres meses, y se informó sobre la próxima aprobación de la regulación de las ayudas económicas municipales.

Finalmente, el pleno, con la mayoría del PP, mostró su conformidad con la anulación judicial de ciertos acuerdos plenarios relacionados con la investigación del contrato de basuras, lo que generó desacuerdo por parte de toda la oposición.