El jurado ha declarado culpable al exconcejal de Obras de Reinosa Julio César García de malversación, por efectuar diversas transferencias desde una cuenta bancaria en la que se había ingresado dinero del Ayuntamiento a otras de su titularidad, hasta un total de 23.393 euros que incorporó a su patrimonio y que no han sido devueltos.

Así lo ha resuelto esta noche el tribunal por mayoría, de siete de sus nueve miembros, después de liberar a lo largo de todo el día, en la última jornada del juicio contra el acusado. Se ha celebrado durante parte de esta semana y la anterior en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria y, tras el veredicto, ha quedado visto para sentencia.

Los jurados, que se han basado para llegar a esa conclusión en los movimientos bancarios, también han considerado por mayoría -esta vez de ocho frente a nueve- que el exedil no es en cambio culpable de haber confeccionado facturas falsas a nombre de una empresa inventada para cobrar los trabajos encargados a dos hermanos vecinos de la localidad, a los que se adjudicaron diversas mejoras municipales y que interpusieron la denuncia que ha desembocado en este pleito.

Una vez emitido el veredicto del jurado -compuesto de un total de 24 puntos- y a la vista de que el tribunal entiende que García cometió malversación de caudales públicos pero no falsedad en documento mercantil por autoridad, el fiscal ha modificado la pena solicitada, más si se tiene en cuenta que también ha quedado acreditado que la tramitación judicial de este caso (se inició hace una década) se ha "dilatado extraordinariamente en el tiempo, mucho más allá de lo razonable".

En concreto, de los cinco años y medio de prisión interesados antes de la vista -y reafirmados a su término- el representante del ministerio público ha pasado a reclamar la imposición de dos años y seis meses de cárcel por malversación, aplicando la atenuante de dilaciones indebidas muy cualificada, además de cinco años de inhabilitación especial para empleo o cargo público (uno menos que en el escrito inicial elevado a definitivo). En concepto de responsabilidad civil, mantiene que el procesado indemnice con 23.393 euros al Consistorio.

Por su parte, el enjuiciado -que se sacó la carrera de Derecho a raíz de este pleito, en el que se ha defendido a sí mismo, y tras el que ha anunciado su intención de recurrir la sentencia condenatoria- ha considerado que, a la vista de las dilaciones y de la rebaja que conlleva esta atenuante muy cualificada, la pena máxima a imponer es de doce meses de prisión.

También ha avanzado, en su intervención final en el plenario como abogado defensor, que solicitará la suspensión ordinaria de la misma, y ha interesado que de cara a la responsabilidad civil sea el Ayuntamiento el que determine el perjuicio causado, para no incurrir así en un posible "enriquecimiento injusto" de esta administración. Y es que esta parte entiende que las obras encargadas a los dos denunciantes fueron ejecutadas -aunque algunas "no debidamente"-, por lo que el objetivo es que no le "salgan gratis" al Consistorio.