Pedro Sánchez ha dado un giro significativo al aceptar blindar a Carles Puigdemont en la Ley de Amnistía, que ha sido aprobada en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Contrariamente a lo afirmado previamente por el PSOE, el Gobierno ha cedido a las demandas separatistas, modificando la normativa para incluir todos los delitos de terrorismo y traición. Esta concesión, realizada bajo la premisa de adaptar la amnistía a los estándares europeos, ha sido criticada por desbordar el marco legal español.

La clave de esta nueva versión de la ley radica en los cambios destinados a graduar el concepto de terrorismo. La amnistía política otorgada por Sánchez abarcará los delitos de terrorismo de "baja intensidad", siempre y cuando no se hayan producido violaciones graves de derechos humanos, como muertes o torturas. Esta ampliación, basada en una interpretación adaptada de la Directiva Europea 2017/541, ha sido calificada de inconstitucional por varios juristas.

El Gobierno ha adoptado el relato separatista sobre la violencia de Tsunami para limitar la consideración de lo que constituye terrorismo. En la versión final de la amnistía, el concepto se reduce a casos en los que se hayan causado vulneraciones graves de los derechos humanos, de acuerdo con el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

En cuanto a los delitos de traición, relacionados con el caso Voloh investigado en Barcelona, quedan excluidos de la amnistía únicamente cuando involucren el uso de la fuerza, según los estándares de Naciones Unidas para enjuiciar casos de injerencias internacionales entre Estados.