Este lunes, un representante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) formalizó el registro de la "Ley Orgánica de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña". Según el PSOE, esta medida tiene como objetivo cerrar los casos judiciales abiertos a independentistas catalanes desde el 1 de enero de 2012 hasta la fecha actual, abarcando eventos como la consulta soberanista de 2014, el referéndum ilegal de 2017 y las consecuencias de la sentencia del Tribunal Supremo.

Dado que se trata de una proposición de ley de un grupo parlamentario, en este caso, el PSOE, el texto no incluye informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni del Consejo de Estado, documentos que serían obligatorios en caso de presentarse como un proyecto de ley del Gobierno. La propuesta requiere ser tramitada con carácter de urgencia en las Cortes, eximiéndola así de la inclusión de informes por parte de los órganos competentes.

Esta acción individual del PSOE para registrar la ley contradice la argumentación previa del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños. La semana pasada, Bolaños respondió al comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, quien solicitó detalles sobre la ley. En aquel momento, Bolaños afirmó que era una cuestión del Congreso y no del Gobierno, un argumento que ahora se ve desmentido.

La negociación de la Ley de Amnistía ha sido la más compleja durante el proceso de obtención de apoyos para la investidura de Pedro Sánchez. La madrugada del domingo al lunes, el PSOE y Junts cerraron el contenido de la ley en una reunión nocturna para su registro posterior en el Congreso.

Sin embargo, los cambios introducidos han generado reticencias en otros grupos, quienes se niegan a firmar hasta que revisen detenidamente el texto. A pesar de que los socios recibieron el documento durante la mañana del lunes, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, aseguró el sábado pasado en Málaga que "todo estaba cerrado".