En una sesión cargada de tensiones y pronósticos inciertos, la Comisión de Justicia aprobó la controvertida Ley de Amnistía con un voto de 20 a favor y 17 en contra. El ambiente se volvió eléctrico, como si se tratara de un compuesto químico explosivo. Para algunos, esta ley representa una nueva era de justicia y reconciliación, mientras que para otros, es una bomba de tiempo legal con potenciales repercusiones devastadoras.

El texto final de la ley, bautizado por algunos como TNT (Trinitrotolueno) político, ha desatado fuertes críticas y preocupaciones, especialmente por parte del Partido Popular (PP). Según la diputada Cuca Gamarra, esta ley podría convertirse en un explosivo político que despertaría a los socialistas de su "ficción". El PP teme que los tribunales españoles y europeos rechacen la ley, que abarca delitos que van desde terrorismo hasta malversación y traición.

Sin embargo, para el gobierno y sus aliados, este es un momento de celebración. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, proclamó que esta ley será un "referente mundial" y marcó un hito en la historia política. Bolaños elogió la valentía del gobierno y del PSOE por abrir una nueva etapa en la política institucional.

Pero el verdadero triunfador de la jornada fue Junts, liderado por Carles Puigdemont. La formación independentista catalana logró que el presidente Pedro Sánchez cediera en todas las demandas, dando lugar a una amnistía diseñada a medida para Puigdemont, quien se encuentra fugado de la justicia española. Antes del inicio de la sesión parlamentaria, los diputados de Junts se reunieron en el patio del Congreso, visiblemente satisfechos y orgullosos de su logro.

La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, anunció que la ley, tal como está redactada ahora, es integral y aplicable de inmediato. Además, advirtió a los jueces que, si no la aplican, estarán prevaricando. Nogueras también reconoció públicamente al abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, por su papel en la elaboración de los últimos cambios en la ley. En particular, la eliminación del Código Penal como referencia legal para determinar los delitos de terrorismo, sustituyéndolo únicamente por la directiva europea contra el terrorismo de 2017.

Mientras tanto, el PP continúa advirtiendo sobre las posibles consecuencias explosivas de esta ley y espera que los tribunales tomen medidas para revertirla. El debate sobre la Ley de Amnistía está lejos de terminar y su impacto, tanto en el ámbito político como en el judicial, seguirá siendo motivo de intensos debates y disputas en los próximos días.

Puigdemont volverá en julio

Desde Barcelona, el secretario general de Junts, Jordi Turull, anunció que Carles Puigdemont regresará a España en julio. Antes de su retorno, Puigdemont será el candidato de su partido en las elecciones europeas del 9 de junio. Turull también afirmó que la amnistía no marca el final de nada, sino que es un paso hacia la autodeterminación.

La sesión de la Comisión de Justicia, en la que se aprobó el nuevo dictamen de la ley, comenzó en un clima de tensión. Los diputados no recibieron los 10 folios de enmiendas transaccionales pactadas por el PSOE y sus socios hasta que ocuparon sus asientos, pasadas las 11 de la mañana. Además, las enmiendas no habían sido calificadas por la Mesa, lo que llevó al PP y Vox a pedir la suspensión de la sesión. A pesar de ello, el presidente de la Comisión, Francisco Lucas, continuó tras un breve receso.

Durante la sesión, la diputada del PP, Cuca Gamarra, criticó duramente la ley, advirtiendo que el socialismo ha permitido la impunidad y acusando al gobierno de corrupción política. Por su parte, el portavoz de Vox, Javier Ortega-Smith, prometió hacer todo lo posible para derogar la ley, calificándola como un ataque a la democracia y al Estado de Derecho.

El portavoz del PSOE, Francisco Aranda, respondió con desdén a las críticas de la oposición, afirmando que la ley es impecable y que el gobierno está convencido de que les quedan tres años y medio de legislatura. Aranda también hizo referencia al informe de la Comisión de Venecia, incorporado a la ley de amnistía, como respuesta a las críticas de la oposición.

La intervención de ERC mostró cierto resentimiento, ya que la ley amplía la impunidad del procés gracias a los cambios propuestos por Junts en el Pleno del 30 de enero, cambios que Esquerra apoyó. La portavoz de ERC, Pilar Vallugera, restó importancia a los logros de Junts, señalando que los textos legales son siempre vulnerables ante la judicatura.

Tras pasar el filtro de la Comisión, la ley de amnistía será sometida a votación en un Pleno extraordinario convocado para el jueves 14 de marzo. Posteriormente, será remitida al Senado y, finalmente, volverá al Congreso para su aprobación definitiva y publicación en el BOE. Al término de la sesión, tanto Gamarra como su compañera Cayetana Álvarez de Toledo expresaron su confianza en que los jueces españoles y europeos tomarán una decisión que no complacerá ni a Sánchez ni a Puigdemont.