El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha expresado su preocupación por la investigación que, según él, está llevando a cabo Europa sobre la calidad democrática de España. Bendodo atribuye esta situación a la polémica ley de amnistía impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, calificándola como un asunto alarmante que perjudica la reputación del país.

En declaraciones realizadas durante la entrega de premios "Junt@s contra la Violencia de Género" en Torremolinos (Málaga), Bendodo lamentó que, en lugar de consolidar la posición de España durante su presidencia de la UE, el país se encuentre bajo escrutinio europeo. Subrayó la paradoja de que, mientras España ostenta la presidencia de turno de la Unión Europea, se esté cuestionando su calidad democrática.

El dirigente del PP señaló que la ley de amnistía ha suscitado preocupación en Europa, especialmente después de que el comisario europeo de Justicia expresara su seguimiento cercano de los desarrollos en torno a esta legislación. Bendodo calificó esto como un "retroceso brutal" provocado por el Gobierno de Sánchez.

Bendodo sostiene que, en lugar de fortalecer la posición de España, Sánchez ha arrastrado el nombre del país por Europa, lo que podría tener consecuencias reputacionales y económicas, incluida la pérdida de inversiones internacionales. Además, resaltó la inusual situación en la que España, durante su presidencia de la UE, enfrenta críticas sobre su calidad democrática.

En cuanto a la investigación europea, Bendodo advirtió sobre la posibilidad de la congelación de fondos, similar a lo que han experimentado Polonia y Hungría por cuestionamientos a sus principios democráticos. También criticó la gestión gubernamental de la ley de amnistía, calificándola como inconstitucional e inaceptable.

Bendodo concluyó mencionando la necesidad de mantener la separación de poderes para preservar la calidad democrática y cuestionó la capacidad de Sánchez para ejercer un control excesivo sobre el poder legislativo y judicial. En este contexto, destacó los nombramientos gubernamentales, como el del ministro de la Presidencia como ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes, como indicadores de posibles retrocesos en la calidad democrática de España, percepción que, según él, también comparte Europa.