En una jornada marcada por intensos debates y posicionamientos políticos divergentes, el Senado español ha aprobado una moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular en la que se solicita al Gobierno la exclusión del lobo del Listado de Especies Silvestres Protegidas (LESPRE).

Este movimiento legislativo, que contó con el rechazo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), se fundamenta en las preocupaciones expresadas por sectores ganaderos en diversas regiones del país. Durante la sesión en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el senador Juan Carlos García, representante de Cantabria y portavoz de Ganadería del Grupo Popular, asumió un papel destacado al exponer los argumentos a favor de la moción. García, quien también es ganadero, denunció una situación «prácticamente insostenible» para los ganaderos desde que el Gobierno, bajo la dirección de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, incluyera al lobo en el LESPRE. Para contextualizar la problemática,

García resaltó que la sobreprotección del lobo ha provocado un crecimiento descontrolado de su población en todas las comunidades al norte del río Duero. Esta expansión ha tenido consecuencias directas en la actividad ganadera, con reportes alarmantes de ataques a cabezas de ganado en diversas regiones. Datos recabados revelan que en el año 2023, el lobo fue responsable de la muerte de aproximadamente 2.700 animales en Cantabria, más de 5.000 en Castilla y León, y cerca de 3.000 en Asturias. El senador García, alzándose como vocero de los ganaderos afectados, manifestó la necesidad de revertir esta situación. Subrayó que el sector ganadero no busca meras indemnizaciones por las pérdidas sufridas, sino que aspira a conservar su ganado y garantizar la viabilidad de sus actividades.

En este sentido, señaló que el incremento en las compensaciones económicas por los daños refleja no solo la magnitud de las pérdidas, sino también la proliferación de lobos sin control. La problemática adquiere un cariz aún más preocupante al analizar el impacto en las comunidades rurales. En Cantabria, por ejemplo, los ataques del lobo resultan en ocho muertes diarias de animales como ovejas, cabras o caballos. Este escenario, según García, vuelve «incompatible» la vida en los pueblos, donde la ganadería y la agricultura juegan un papel fundamental en la fijación de población y la dinamización económica. A medida que la sesión legislativa avanzaba, el senador cántabro no escatimó en ejemplos para ilustrar la gravedad del problema. Hizo hincapié en el hecho de que el lobo ya no se limita a las zonas rurales o de pastoreo, sino que ha incursionado en áreas urbanas de los pueblos. Esta situación, según él, agrava aún más la convivencia entre humanos y lobos y plantea desafíos adicionales para la gestión de la fauna silvestre.

En juego la supervivencia de la ganadería. Ante este panorama, el Grupo Parlamentario Popular, respaldado por las comunidades afectadas, ha instado reiteradamente al Gobierno a tomar medidas concretas. La principal demanda es la exclusión del lobo del LESPRE y su retorno a la Directiva Hábitat de 1992. Esta petición, según García, cuenta con un respaldo lógico y urgente, pues está en juego la supervivencia de la ganadería y, por extensión, de la vida en los pueblos. El discurso del senador no estuvo exento de críticas hacia la gestión gubernamental en materia medioambiental.

En particular, se dirigió a la ministra Teresa Ribera, solicitándole que preste mayor atención a las demandas de los ganaderos, quienes considera son los verdaderos pilares de la actividad rural. Enfatizó que el objetivo no es la erradicación del lobo, sino la promoción de una convivencia armónica entre especies, tal como lo establece la Directiva Hábitat. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), por su parte, justificó su voto en contra de la moción argumentando la importancia de preservar la biodiversidad y el equilibrio ecológico.

Los representantes socialistas señalaron que la inclusión del lobo en el LESPRE responde a criterios científicos y técnicos, y que cualquier modificación debería basarse en estudios rigurosos y consensos amplios. El debate en el Senado refleja un enfrentamiento ideológico y práctico entre la protección del medio ambiente y la defensa de los intereses ganaderos. Mientras algunos sectores abogan por políticas más flexibles que permitan la gestión controlada de las poblaciones de lobo, otros insisten en la necesidad de priorizar la conservación de la fauna silvestre y la preservación de ecosistemas completos. A pesar de las diferencias políticas y de enfoque, ambas posturas reconocen la complejidad del problema y la necesidad de encontrar soluciones equilibradas. En un contexto de cambio climático y pérdida acelerada de biodiversidad, la gestión de conflictos entre humanos y animales salvajes se presenta como un desafío crucial para la sostenibilidad ambiental y la coexistencia pacífica en las áreas rurales.