Han pasado casi doce meses desde que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, presentara lo que él denominó como la cárcel "más grande de América". Este ambicioso proyecto, que buscaba albergar a alrededor de 40.000 presuntos pandilleros, fue presentado como un pilar central de la estrategia gubernamental para combatir el crimen organizado en el país centroamericano.

La imponente instalación, conocida oficialmente como el "Centro de Confinamiento del Terrorismo", se encuentra situada en una apartada zona rural, a unos 74 kilómetros al sureste de la capital, San Salvador. Esta megaestructura abarca una extensión de 166 hectáreas, con una construcción que se extiende a lo largo de 23 hectáreas y comprende varios pabellones destinados a albergar a los reclusos. El perímetro está resguardado por un muro de 2.1 kilómetros de longitud y 11 metros de altura, con vigilancia constante proporcionada por un contingente de 600 soldados y 250 policías. Asimismo, la instalación cuenta con sistemas avanzados de vigilancia mediante cámaras y escáneres para un control minucioso de los movimientos de entrada y salida.

La visión de Bukele para esta institución penitenciaria es innovadora y radical. Los reclusos, según su planteamiento, deberán participar en actividades laborales como una forma de ganarse su sustento, en lugar de depender de privilegios que podrían propiciar la continuación de actividades delictivas. Además, y quizás de manera más destacada, los procesos judiciales se llevarán a cabo dentro de las mismas instalaciones, eliminando así la necesidad de traslados y reduciendo considerablemente los riesgos asociados a la custodia y seguridad durante dichos procedimientos.

Balance Crítico de un Año de la Inauguración de la Megacárcel de Bukele

Transcurrido este extenso periodo desde la inauguración de la megacárcel, es imperativo realizar un balance crítico sobre la eficacia y los desafíos persistentes de esta monumental empresa. La megacárcel, concebida como una medida radical para hacer frente a las pandillas, ha estado bajo constante escrutinio internacional y nacional.

Modelo Carcelario de Bukele Bajo la Lupa Internacional

La comunidad internacional ha observado con atención el enfoque de Bukele en materia de seguridad ciudadana, y las reacciones no han sido uniformes. Mientras que algunos líderes y expertos elogian la audacia del presidente salvadoreño al abordar de frente el problema de las pandillas, otros cuestionan la efectividad y la sostenibilidad a largo plazo de esta estrategia.

El presidente izquierdista de Colombia, Gustavo Petro, ha emergido como una de las voces más críticas de este modelo carcelario. Al describir la megacárcel como un "campo de concentración", Petro ha denunciado públicamente las condiciones y la magnitud de la cárcel salvadoreña. En un discurso en Bogotá el 2 de marzo del año pasado, expresó: "Ustedes pueden ver en redes sociales las fotos terribles del campo de concentración de El Salvador. Lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados, le da a uno un escalofrío."

La respuesta de Bukele no se hizo esperar. Afirmó que "los resultados pesan más que la retórica" y expresó su deseo de que Colombia pueda lograr reducir los índices de homicidios de la misma manera que lo han hecho en El Salvador. Este intercambio verbal subraya las tensiones entre diferentes enfoques en la región para abordar el problema del crimen organizado y las pandillas.

En contraste con la postura colombiana, la presidenta izquierdista de Honduras, Xiomara Castro, ha decidido replicar el "modelo Bukele". En Honduras, las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha han dividido el territorio, imponiendo sus reglas y generando ingresos a través de actividades ilícitas como el tráfico de drogas, el sicariato y el cobro de extorsiones. En respuesta a esta situación, el gobierno hondureño impuso el 6 de diciembre de 2022 un estado de excepción que permite arrestos sin orden judicial, siguiendo una línea similar a la implementada en El Salvador desde marzo del mismo año.

Ecuador Explora Alternativas Innovadoras en Seguridad Ciudadana

Mientras tanto, en Ecuador, el nuevo gobierno liderado por Daniel Noboa ha emprendido esfuerzos para reformar el sistema de seguridad ciudadana en el país. A principios de diciembre, el presidente anunció planes para adquirir tres barcos que cumplían con las condiciones para ser utilizados como prisiones en el mar. "Tenemos identificadas tres opciones, una está en Australia, otra está en Reino Unido y otra en Estados Unidos", señaló Noboa.

Sin embargo, la implementación de estas "barcazas carcelarias" podría llevar hasta ocho meses. Ante esta demora, el presidente ecuatoriano agregó el 4 de enero que también planea la construcción de dos cárceles de máxima seguridad en la Amazonía y la costa del Pacífico del país. "Son cárceles para tener una segmentación, un aislamiento adecuado de las personas", afirmó Noboa. Es relevante destacar que estos planes guardan similitud con las cárceles construidas en México y El Salvador, lo que ha generado comparaciones y, en algunos casos, críticas por parte de aquellos que consideran este enfoque como una réplica del modelo Bukele.

El presidente Noboa subrayó que su intención es separar a los reclusos más peligrosos, buscando así evitar las masacres carcelarias que han afectado al sistema penitenciario ecuatoriano, dejando 460 presos muertos desde febrero de 2021. Con una población carcelaria de 31,321 reclusos, según el censo penitenciario de 2022, Ecuador busca abordar la problemática de la sobrepoblación carcelaria y reducir la violencia dentro de las prisiones.

Además de la construcción de nuevas instalaciones, Noboa tiene la intención de expulsar a unos 1,500 reclusos extranjeros, la mayoría de Colombia, Perú y Venezuela, como parte de un esfuerzo para disminuir