El partido político Vox ha tomado una medida sin precedentes al presentar una querella ante el Tribunal Supremo contra Salvador Illa, exministro de Sanidad de España, por su presunta implicación en la adquisición de mascarillas por un valor total de 623 millones de euros durante la crítica etapa de la pandemia del COVID-19. Este movimiento legal, liderado por Santiago Abascal, ha desencadenado una intensa polémica en el ámbito político y sanitario del país.

En un comunicado oficial, Vox ha atribuido al exministro Illa "graves irregularidades" en el proceso de compra de material sanitario, fundamentando su querella en la posible comisión de delitos de prevaricación, malversación de fondos y caudales públicos, tráfico de influencias y fraude. Marta Castro, coordinadora Nacional Jurídica de Vox, ha afirmado que durante la vigencia del Real Decreto Ley 7/2020, que agilizó los trámites burocráticos en respuesta a la emergencia sanitaria, se llevaron a cabo 56 contratos por valor de 623 millones de euros de manera "negociada, sin publicidad, y prescindiendo de todo procedimiento administrativo".

Uno de los puntos más controvertidos señalados por Vox es la falta de transparencia en la identificación de los adjudicatarios de estos contratos, muchos de los cuales, según afirman, carecen de una identidad fiscal clara y establecimiento reconocible, tanto en España como en el extranjero. Esta opacidad plantea serias dudas sobre la legalidad y la integridad de los procesos de contratación llevados a cabo durante la gestión de Illa al frente del Ministerio de Sanidad.

El partido político ha sugerido que los fondos utilizados para estos contratos podrían haber provenido "en principio" de las arcas públicas, aunque también han dejado abierta la posibilidad de que se hayan utilizado recursos procedentes de la Unión Europea de manera irregular. Tales afirmaciones han añadido un nuevo nivel de complejidad a la querella, poniendo en entredicho la gestión financiera del gobierno español durante uno de los momentos más críticos de la pandemia.

En su declaración, Marta Castro ha detallado que las presuntas irregularidades podrían haber implicado la entrega de material defectuoso por parte de las empresas adjudicatarias, que habrían asegurado los contratos y ganado tiempo para cumplir con sus obligaciones. Este aspecto ha suscitado inquietudes adicionales sobre la integridad de las operaciones comerciales realizadas durante la crisis sanitaria, así como sobre la posible existencia de prácticas corruptas dentro del proceso de contratación.

Vox ha instado al Tribunal Supremo a tomar medidas contundentes para esclarecer este asunto, solicitando no solo que se interrogue a Salvador Illa sobre su papel en la gestión de la adquisición de mascarillas, sino también que se llame a declarar a altos funcionarios del Ministerio de Sanidad en aquel momento, incluidos el director del Instituto de Salud Carlos III y el director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Esta petición refleja la determinación de Vox de llevar a cabo una investigación exhaustiva y transparente sobre lo que consideran graves irregularidades en la gestión de los recursos públicos durante la crisis sanitaria.

La querella presentada por Vox ha desencadenado un intenso debate dentro de la esfera política y pública en España, con diferentes sectores expresando opiniones encontradas sobre la validez y la motivación detrás de estas acciones legales. Mientras tanto, Salvador Illa y su equipo han declarado que están dispuestos a colaborar plenamente con la investigación judicial y aclarar cualquier duda que pueda surgir sobre su gestión durante la pandemia del COVID-19.