06.07.2022 |
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CONTRATOS COVID A EMPRESAS

El Tribunal de Cuentas detecta "incidencias" en el 22% de los contratos de Illa durante la pandemia

El informe revisa la actuación de Sanidad en 49 expedientes por un valor de 551 millones

La ministra de Política Territorial Carolina Darias, el ministro de Sanidad Salvador Illa (c) y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, durante la rueda de prensa que ofrecen este jueves en el Palacio de La Moncloa, en Madrid. EFE/Emilio Naranjo
La ministra de Política Territorial Carolina Darias, el ministro de Sanidad Salvador Illa (c) y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, durante la rueda de prensa que ofrecen este jueves en el Palacio de La Moncloa, en Madrid. EFE/Emilio Naranjo
El Tribunal de Cuentas detecta "incidencias" en el 22% de los contratos de Illa durante la pandemia

El Tribunal de Cuentas ha encontrado incidencias en uno de cada cinco contratos del ex ministro de Sanidad Salvador Illa relacionados con la pandemia de coronavirus. Así lo suscribe el organismo en un informe que ha examinado un total de 49 expedientes de contratos de emergencia suscritos durante 2020 por una cuantía global de algo más de 551 millones de euros.

En 11 de los contratos fiscalizados (22,4%) "se produjeron distintas incidencias en la ejecución", según el informe. En cuatro ocasiones hubo un incumplimiento de lo acordado por parte de la empresa contratada por Sanidad. Se presentaron reclamaciones que aún están pendientes de resolver para recuperar los fondos anticipados y, en su caso, obtener una compensación por los daños y perjuicios.

Además, en otros dos expedientes se produjeron modificaciones que no estaban previstas en los contratos. En uno de los casos se suministró un modelo distinto de mascarilla, si bien con el mismo precio y características. En el otro caso lo que cambió fue el tipo de test-Covid, igualmente efectivo pero más caro.

Finalmente, en cinco de los contratos se produjeron retrasos en los plazos de entrega de los suministros contratados por Sanidad.

El 94% de los fondos revisados fue desembolsado por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), provenientes del crédito extraordinario de 1.000 millones que el Gobierno habilitó justo antes de la declaración del estado de alarma.

QUERELLA DE VOX

El máximo responsable del Instituto durante la pandemia, Alfonso María Jiménez Palacios, está siendo investigado en un juzgado de Madrid a raíz de una querella de Vox que denunciaba irregularidades en varios contratos. En su declaración, el director del Ingesa sostuvo la legalidad de su actuación y atribuyó los errores menores que se pudieron cometer a las circunstancias en que se trabajaba en esas fechas o a equivocaciones de los funcionarios. Añadió que el ministro Illa estaba al tanto de las contrataciones.

El informe ratifica que todos los contratos fiscalizados estuvieron, como debían, vinculados a la situación sanitaria y que estaba justificada su tramitación de emergencia. En todos existía crédito suficiente, se realizó la comunicación del inicio de actuaciones en casi todos (en media docena no se hizo), la publicidad obligatoria y se inició la ejecución del plazo de un mes desde el acuerdo de contratación de emergencia.

En cuanto a que no se dejaba constancia documental sobre los criterios de adjudicación que empleaba el Ingesa, el informe considera que no es "una circunstancia irregular o ilegal" al tratarse de contratos de emergencia. Los datos se aportaron después al Tribunal de Cuentas.

De esa información se desprende que se eligió a los adjudicatarios tras consultas con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, las Secretarías de Estado de Hacienda y de Comercio, el ICEX, el Instituto de Salud Carlos III y la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia.

CONTRATOS DE EMERGENCIA

Cuando las necesidades del Sistema Nacional de Salud "no pudieron ser satisfechas por esta vía, se acudió al mercado asiático", siguiendo las directrices de Hacienda, el ICEX y la Oficina Comercial de la Embajada de España en Pekín.

El informe repasa también el precio pagado por los productos sanitarios, que se llevó la mitad (246 millones) del dinero fiscalizado. Más del 90% fue para mascarillas y el resto, para guantes de nitrilo y el gel hidroalcohólico.

El precio medio de FFP2 en marzo de 2020 fue de 2,62 euros, que bajó en abril a 1,40. El precio más elevado (4,17) de mascarillas FFP2 se produjo en la adquisición de 500 realizada el 3 de abril de 2020. En mascarillas FFP3, el precio medio unitario fue de 4,31. En las quirúrgicas, de 0,75.

El informe se cierra con unas recomendaciones del Tribunal de Cuentas para contratos de emergencia como los examinados. Por ejemplo, que se intente formalización del contrato en un documento escrito e intentar verificar "la capacidad y solvencia de las empresas adjudicatarias". Y que cuando sea posible se soliciten ofertas de diferentes licitadores y se negocie los términos del contrato siempre que sea posible.

El Tribunal de Cuentas detecta "incidencias" en el 22% de los contratos de Illa durante la pandemia
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