El Tribunal de Cuentas ha otorgado un plazo de 10 días a la Fiscalía y a Sociedad Civil Catalana para que presenten sus conclusiones sobre la presunta responsabilidad contable del expresidente catalán Carles Puigdemont y otros 34 exaltos cargos de Cataluña. Esta investigación se centra en el presunto desvío de fondos para el referéndum ilegal del 1-O y la acción exterior del Gobierno autonómico.

La consejera del Departamento 2º de la Sección de Enjuiciamiento, Elena Hernáez, ha emitido una resolución de trámite en la que notifica este plazo al Ministerio Público y a la acusación popular. Una vez recibidas las respuestas de ambas partes, el tribunal dará traslado a las defensas para que se pronuncien.

A pesar de que el Tribunal de Cuentas ha solicitado a la Fiscalía y a Sociedad Civil Catalana que emitan sus conclusiones, ambas partes ya presentaron informes en la vista del 17 de noviembre de 2023 y antes de esa fecha.

La Fiscalía reclama conjuntamente 3,1 millones de euros a los 35 encausados, después de reducir las estimaciones iniciales del Tribunal de Cuentas, que había calculado una responsabilidad contable de alrededor de 9,5 millones de euros. Por otro lado, Sociedad Civil Catalana demanda 5 millones de euros a 11 exaltos cargos del Ejecutivo regional incluidos en la lista del Ministerio Público. Los encausados han aportado una fianza para evitar embargos.

Entre los 35 acusados se encuentran figuras prominentes como Carles Puigdemont y Artur Mas, así como exconsejeros condenados por el Supremo y exdelegados de la Generalidad en el extranjero. También están encausadas personas procesadas por el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona en relación con los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.