El Supremo cita como imputado al fiscal general del Estado: "Apuntalados los indicios delictivos"
Álvaro García Ortiz declarará el próximo 29 de enero por su presunta implicación en la filtración de datos confidenciales sobre Alberto González Amador.
El Tribunal Supremo ha emitido un auto contundente donde señala a Álvaro García Ortiz , fiscal general del Estado, y a Pilar Rodríguez Fernández , jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, como presuntos responsables de una dinámica delictiva de revelación de secretos , en el marco del caso. relacionado con Alberto González Amador , pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso .
Coordinación para la filtración de datos confidenciales
Según el auto del magistrado instructor Ángel Luis Hurtado , García Ortiz, Rodríguez Fernández y el teniente fiscal Diego Villafañe Díez habrían accionado de manera coordinada para filtrar información reservada que debería haber permanecido confidencial. La documentación incluía correos electrónicos e información sensible que acabó publicada en medios de comunicación.
El auto destaca:
"Los tres, de manera coordinada, podrían haber concertado revelar secretos o información reservada relativa a otro ciudadano, de los que habrían tenido conocimiento por razón de su oficio o cargo, vulnerando así el artículo 417 del Código Penal."
El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado cita como investigados al fiscal general del Estado y a la fiscal provincial de Madrid al considerar apuntalados los indicios delictivos contra ambos
— Poder Judicial (@PoderJudicialEs) January 13, 2025
📄 Nota informativa: https://t.co/01qsdh9Uq8
La cronología del caso
El juez detalla cómo el fiscal general recibió un correo confidencial el 13 de marzo de 2024 a las 21:59 horas y, en menos de dos horas, el contenido ya estaba publicado en la web de la Cadena SER . Además, subraya la urgencia y tensión con la que actuaron los imputados, evidenciando el interés en difundir la información antes del día siguiente.
El documento también menciona que esta dinámica delictiva tuvo como objetivo utilizar la filtración con multas políticas, infringiendo la confidencialidad de datos personales y violando los derechos fundamentales de González Amador.
Pruebas y testigos
El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del 21 de noviembre de 2024 respalda las imputaciones al afirmar que García Ortiz tuvo un papel "preeminente" en las filtraciones, aprovechando su posición jerárquica para dirigir las acciones.
El magistrado instructor también destaca que aunque algunos testigos indicaron haber tenido conocimiento del correo antes de que García Ortiz lo recibiera, no aportaron pruebas concretas que respaldaran sus declaraciones. Por el contrario, los elementos objetivos apuntan a que la difusión comience tras la recepción del correo por parte del fiscal general.
Próximas citas judiciales
El Tribunal Supremo ha convocado a los tres imputados en las siguientes fechas:
- Álvaro García Ortiz: 29 de enero de 2025.
- Pilar Rodríguez Fernández: 30 de enero de 2025.
- Diego Villafañe Díez: 5 de febrero de 2025.
Los tres deberán declarar ante el Supremo por su presunta implicación en los hechos.
Delito de revelación de secretos
El delito de revelación de secretos está tipificado en el artículo 417 del Código Penal y establece penas para quienes divulguen información confidencial a la que hayan tenido acceso en el ejercicio de su cargo. En este caso, el juez considera que la coordinación de los tres fiscales para filtrar datos reservados constituye una violación grave del deber de confidencialidad.
Un golpe a la Fiscalía y al Gobierno
La imputación de García Ortiz supone un duro revés para la Fiscalía General del Estado y para el Gobierno de Pedro Sánchez, que designó al fiscal general en 2022. Este caso agrava las tensiones entre el Ejecutivo y la Comunidad de Madrid, liderada por Ayuso, quien ha calificado estas acciones como un "ataque político sin precedentes" .
El caso, además, refuerza las críticas hacia el Gobierno por su proposición de ley para limitar la acción popular, lo que, según sectores de la oposición, busca blindar a los altos cargos de investigaciones judiciales.
