El Tribunal Supremo (TS) ha emitido una resolución que anular el Real Decreto que autorizó el traspaso de competencias en materia de tráfico de la Guardia Civil a la Comunidad foral de Navarra. Esta determinación, basada en la estimación del recurso presentado por la asociación Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), desencadena una serie de consideraciones sobre la legalidad y el marco competencial establecido por la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA).

En la sentencia, los magistrados del Tribunal Supremo fundamentan su decisión en la incompatibilidad del traspaso de competencias con la LORAFNA, destacando que no es procedente utilizar un Real Decreto para atribuir una competencia no reconocida a Navarra ni respaldada por su derecho histórico. En un análisis minucioso, los jueces argumentan que, si bien Navarra podría asumir estas competencias, ello debería realizarse mediante una reforma de la LORAFNA o a través de una ley orgánica de traspaso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 150.2 de la Constitución.

La resolución del Supremo subraya la ausencia de un título competencial en la LORAFNA que identifique de manera específica las funciones de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Navarra. Este señalamiento destaca la necesidad de examinar detenidamente las competencias que tenía la Comunidad Foral en materia de tráfico y vehículos a motor en el momento de la promulgación de la LORAFNA.

Argumentos. En términos más concretos, los magistrados indican que, a pesar de la posibilidad de que Navarra asuma dichas competencias, esto debe llevarse a cabo mediante una reforma de la LORAFNA o mediante una ley orgánica de traspaso, según lo dispuesto en la Constitución. Este análisis crítico se erige como un punto focal en la resolución, enfatizando la necesidad de ajustarse rigurosamente a los marcos legales y constitucionales preestablecidos.

Además, se enfatiza que la LORAFNA, equivalente a un Estatuto de Autonomía, no contiene un título competencial que se alinee directamente con las funciones desempeñadas por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Navarra. Este aspecto resulta determinante para los magistrados a la hora de fundamentar su decisión, resaltando la falta de una base legal clara que justifique el traspaso de estas competencias.

La resolución del Tribunal Supremo también aborda la cuestión de la legitimación activa de la asociación JUCIL para presentar el recurso, rechazando la alegación realizada por la Comunidad foral de Navarra al respecto. De manera paradójica, el tribunal destaca que la mejor defensa de la legitimación activa de JUCIL proviene de las propias argumentaciones de la Comunidad Foral de Navarra. La resolución subraya que la negación de la legitimación activa por parte de Navarra se basa en la afirmación de que el traspaso no afecta a la Guardia Civil. No obstante, en un análisis más detenido, el tribunal concluye que los intereses profesionales, personales y familiares de los guardias civiles se verían afectados por el traspaso, ya que podrían cambiar de funciones, trasladarse geográficamente o incluso integrarse en la Policía Foral de Navarra. 

La resolución del pasado 1 de julio, cuando se hizo efectivo el traspaso de la competencia de tráfico a Navarra por parte del Gobierno central, estableció un periodo transitorio en varias fases. 

Durante este periodo, los efectivos de la Guardia Civil y la Policía Foral colaborarían para garantizar una vigilancia óptima de la seguridad vial en las carreteras navarras. Sin embargo, esta medida ahora queda en suspenso tras la decisión del Tribunal Supremo, generando incertidumbre sobre el futuro de estas competencias y la cooperación entre las fuerzas de seguridad. La fórmula del Real Decreto, que se utiliza para las medidas que requieren una aplicación urgente para aprobarse en el Congreso ‘a posteriori’. 

La intención del Gobierno de Pedro Sánchez era aprobar la expulsión de los guardias civiles de Tráfico de Navarra con la inmediatez que le exigía Bildu a cuenta de aprobar los Presupuestos de 2023. 

Gamarra: las cesiones de Sánchez no son aceptadas por la Justicia

En una reciente decisión que ha generado resonancia en el ámbito político y judicial, el Tribunal Supremo ha revocado la expulsión de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra, ejecutada por el Gobierno presidido por Pedro Sánchez. Este dictamen se produce en el contexto de los acuerdos políticos entre el Ejecutivo y Bildu, generando críticas por parte de Cuca Gamarra, secretaria general del PP, quien ha cuestionado la idoneidad de las acciones gubernamentales. 

Policías nacionales reciben a Marlaska al grito «dimisión»

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se vio confrontado con manifestaciones de descontento a las puertas de la recién inaugurada comisaría de la Policía Nacional en Calatayud, Zaragoza. Ayer, durante el acto de apertura de las nuevas instalaciones, decenas de personas, convocadas por el sindicato policial Jupol y la plataforma Jusapol, expresaron su rechazo al grito unísono de «¡Marlaska, dimisión!».

Un video obtenido por Vozpópuli documenta la intensidad de los reclamos, evidenciando el descontento de los manifestantes que seguían la comitiva del ministro, quien se desplazaba en su vehículo. Las consignas de «¡Fuera, fuera!» resonaron en medio de la concentración, cuyo principal motivo de protesta, según Jupol, es la «desprotección continuada» que, alegan, sufren los agentes de la Policía Nacional por parte del Ministerio del Interior y el Gobierno de España. Además, denuncian las «reiteradas faltas de respeto y mentiras» vertidas desde la Administración hacia los miembros de la fuerza policial y la institución en sí.

Chivite, «sorprendida» por el revés judicial, desafía al Tribunal

En un hecho que ha tomado por sorpresa a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, el Tribunal Supremo ha emitido una decisión que anula el Real Decreto aprobado en abril de 2023 por el Gobierno de Pedro Sánchez. Este decreto tenía como objetivo despojar a la Guardia Civil de las competencias de Tráfico y transferirlas a la Policía Foral de Navarra.

La sorpresa expresada por Chivite se debe no solo al contenido de la sentencia, sino también al hecho de que la noticia le llegó a través de los medios de comunicación, sin que el Gobierno tuviera conocimiento previo de la resolución judicial. La presidenta ha destacado que todos los informes jurídicos, tanto del Gobierno de Navarra como del Parlamento foral, concluyeron que el Real Decreto era la herramienta más adecuada para llevar a cabo el traspaso de competencias. Estos informes se basaron en la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo, específicamente en una sentencia de 2018 que abordó la interpretación del Amejoramiento del Fuero, el Estatuto de Autonomía de Navarra, en relación con las competencias históricas.