Santos Cerdán, en prisión: las claves del escándalo que hunde al PSOE

El Tribunal Supremo ha decretado la prisión provisional, comunicada y sin fianza, de Santos Cerdán León, ex secretario de Organización del PSOE y hombre fuerte de Ferraz durante los años decisivos del sanchismo. En un demoledor auto de más de 20 páginas, el magistrado instructor Leopoldo Puente Segura expone indicios «extraordinariamente sólidos» que apuntan a que Cerdán habría participado en una organización criminal diseñada para obtener comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obra pública en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos.

La decisión, adoptada tras la comparecencia prevista por el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se basa en el peligro cierto de que el investigado pudiera alterar, destruir u ocultar pruebas esenciales para el procedimiento. El juez descarta que exista un riesgo inmediato de fuga o de reiteración delictiva, pero insiste en la gravedad de los hechos, la magnitud del perjuicio económico y el rol central que desempeñó el propio Cerdán.

Conversaciones grabadas con reparto de mordidas

La investigación pivota sobre diez grabaciones de audio halladas en dispositivos electrónicos incautados a Koldo García Izaguirre, asesor de Ábalos y considerado otro de los vértices del triángulo corrupto. En ellas se escucha a Cerdán, Ábalos y Koldo repartiendo dinero presuntamente recibido a cambio de adjudicaciones. Koldo reclama pagos atrasados de 550.000 euros y menciona los 620.000 ya cobrados, vinculados a obras adjudicadas a UTEs encabezadas por Acciona.

El juez destaca la verosimilitud técnica de los audios, grabados con dispositivos personales, con fechas registradas, y sin que exista rastro alguno de manipulación. En una de las conversaciones, Cerdán incluso recomienda que “ese tipo de cosas se escriben en papel y se rompen después”, dejando entrever plena consciencia de la ilegalidad de lo tratado.

Cerdán, el recaudador en la cúspide del entramado

A juicio del instructor, el papel de Santos Cerdán no era menor. Más bien al contrario: lo sitúa como el gestor financiero de la operación. Era quien interactuaba directamente con las constructoras, reclamaba los pagos y redistribuía las mordidas entre sus socios políticos. Ábalos y Koldo no acudían a las empresas a reclamar dinero: lo exigían directamente a Cerdán, lo que revela, según el auto, su posición de superioridad jerárquica dentro de la organización.

Las pruebas van más allá de las grabaciones. Según el informe policial, en el domicilio de Joseba Antxon Alonso, administrador de Servinabar 2000 SLU —empresa adjudicataria vinculada al caso— se halló un contrato privado de compraventa de participaciones de esa sociedad a favor del propio Cerdán. El investigado reconoció su firma, aunque alegó que se trató de una operación frustrada y que nunca ejerció como socio efectivo. Sin embargo, existen mensajes de texto entre él y Koldo relativos a pagos periódicos de Servinabar a la fundación FIAdelSO, controlada por la familia Ábalos, lo que confirmaría su vinculación real con la empresa.

Obras adjudicadas a dedo y beneficios sospechosamente bajos

El auto cita adjudicaciones en Logroño, Sevilla, San Feliú, El Mayor y Murcia, todas ellas bajo el paraguas del Ministerio de Transportes, a través de la Dirección General de Carreteras o ADIF. En todas, Acciona ganó pese a no ofrecer la mejor oferta económica. Las valoraciones subjetivas fueron decisivas, y el juez menciona una estructura repetitiva de favoritismo.

El instructor observa que, si bien Ábalos y Koldo habrían recibido cerca de un millón de euros, esta cantidad resulta “sorprendentemente baja” en comparación con los 537 millones de euros adjudicados a las UTE investigadas. Esta desproporción sugiere que otras personas o estructuras habrían participado también en el reparto de comisiones.

El intento fallido de aferrarse al Congreso para evitar su procesamiento

El auto incide además en un dato revelador: Santos Cerdán renunció a su aforamiento como diputado tras conocer su inminente imputación, pero lo hizo solo después de varios días, lo que impidió un registro efectivo en su domicilio cuando más útil habría resultado. Esta maniobra, junto con la falta de información sobre su patrimonio y conexiones en el extranjero, refuerza el temor a que, de seguir libre, podría destruir pruebas aún no localizadas.

Por eso, el magistrado considera que la única medida proporcional, eficaz y respetuosa con el principio de proporcionalidad es su ingreso inmediato en prisión. La resolución recoge que no hay alternativa menos gravosa que garantice la preservación de las pruebas.

Un golpe devastador al corazón del sanchismo

La prisión provisional de Cerdán no es solo un revés judicial. Es un terremoto político. Se trata de uno de los hombres de máxima confianza de Pedro Sánchez, clave en la interlocución con los partidos separatistas y en los pactos que sustentan la actual legislatura. Su caída bajo acusaciones de corrupción, organización criminal y tráfico de influencias compromete gravemente el discurso ético del Gobierno.

El PSOE, que hasta ahora ha defendido la inocencia de Cerdán, se enfrenta a una crisis de reputación interna sin precedentes desde los casos de los ERE. La figura de Cerdán no es la de un militante de base. Es, hasta hace poco, la mano derecha del presidente del Gobierno en la maquinaria del partido.

Ahora, con él entre rejas, y con Ábalos cercado por las grabaciones, la causa avanza hacia su núcleo más explosivo. La pregunta ya no es si hubo mordidas, sino cuántos cobraron, cuánto cobraron y quiénes sabían de ello.

Y eso, en palabras del propio auto judicial, sólo Santos Cerdán puede saberlo.