En un revelador informe, se ha hecho público que el Ministerio de Sanidad alberga en sus almacenes más de 156 millones de mascarillas caducadas, para las cuales se desembolsaron aproximadamente 85 millones de euros. Estas cifras surgen de una serie de adquisiciones realizadas en un contexto de urgencia sanitaria, donde predominó la "ley de la selva", caracterizada por la falta de controles y una dirección cuestionable del flujo financiero, según publica el digital The Objetive.

La información, proporcionada por el Ministerio a través del Portal de Transparencia, destaca que el 91% de estas mascarillas son de tipo quirúrgico, mientras que el resto corresponde a mascarillas FFP2. Ante la situación de caducidad, se ha solicitado una extensión de la vida útil del material, aunque las mascarillas quirúrgicas suelen tener un plazo de caducidad de un año tras su fabricación, y las FFP2, hasta tres años.

El valor unitario de adquisición varió según el tipo de mascarilla: 0,43 euros para las quirúrgicas y 1,70 euros (1,85 dólares estadounidenses) para las FFP2. Basándose en la proporción de tipos de mascarillas y sus respectivos precios, se calcula que el gasto total rondó los 84,93 millones de euros.

El Ministerio ha señalado que cualquier decisión sobre la destrucción de este material no implicará costes adicionales, ya que están incluidos en el contrato de almacenamiento. Sin embargo, persisten las dudas sobre la transparencia y eficiencia en la gestión de estos recursos, especialmente en un momento donde la necesidad urgía una administración eficaz y responsable.

Este escenario se inscribe en un contexto más amplio de gestiones cuestionables durante la pandemia, ilustrado por el caso Koldo, que investiga presuntas irregularidades en contratos de mascarillas y otros insumos sanitarios. La detención de 20 personas la semana pasada pone de manifiesto la necesidad de revisar las prácticas de contratación y gestión de recursos destinados a la emergencia sanitaria.

El caso abre un debate sobre la responsabilidad en la administración de fondos públicos y la importancia de establecer mecanismos de control y transparencia más robustos, especialmente en situaciones de crisis.