El presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha decretado un "apagón informativo" en un intento por asegurar el respaldo de Carles Puigdemont antes de que se cumpla un mes. Desde la Moncloa, se ha dado la orden directa a su equipo negociador de mantener un total hermetismo. Además, se ha enviado una clara advertencia a los demás partidos aliados: "Trabajo y discreción. Ni una fuga". El 27 de noviembre marca el límite legal de dos meses para que un candidato sea investido como presidente por el Congreso. En caso de no obtener los votos de Junts, el Parlamento se disolverá, y se celebrarán nuevas elecciones el 14 de enero.

El núcleo cercano al presidente Sánchez se esforzará al máximo para evitar este escenario. Las negociaciones con la derecha independentista catalana están en su fase más delicada, especialmente después del encuentro entre Sánchez y la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras. En las próximas semanas, el Partido Socialista (PSOE) deberá operar discretamente. Según una fuente de Ferraz, la sede del PSOE, "Nada de ruido". Junts exige un trato especial y planea hacer que el apoyo de Sánchez le cueste caro. Puigdemont ve una oportunidad "histórica" para regresar a Cataluña, amnistiado y autorizado para llevar a cabo un referéndum "legal". Y está decidido a luchar por ello.

La amnistía se da por segura, y el propio Sánchez ya lo ha insinuado. Sin embargo, la gran incógnita es el referéndum. El PSOE ha restringido la información, manteniendo en silencio a su portavoz en el Congreso, Patxi López, y emitiendo únicamente un comunicado que destaca la importancia de las negociaciones y la discreción, siempre dentro del marco constitucional.

El 12 de octubre, Sánchez evitó comentarios polémicos sobre Puigdemont, pero logró su objetivo de evitar tensiones que pudieran socavar las conversaciones con Junts y otros socios de la investidura. No está claro si algún representante del PSOE viajará a Bruselas para cerrar el acuerdo de investidura con el expresidente catalán, y si Sánchez mantendrá alguna conversación telefónica con él, será en su capacidad de secretario general del PSOE.

Ferraz no está dispuesto a arriesgar el capital político de Sánchez con un simple apretón de manos que podría ser perjudicial si finalmente no se llega a un acuerdo de investidura. Antes de la investidura planeada para mediados de noviembre, el PSOE intentará registrar en el Congreso una iniciativa para aprobar una ley de amnistía, estimando que esto podría ocurrir en la segunda semana de noviembre, aunque todo está sujeto a cambios.

Junts y ERC, los socios independentistas del PSOE, presionan para que el proceso de amnistía se inicie lo antes posible, pero no se ha confirmado si será una iniciativa conjunta o de alguno de ellos. Esto es una de las razones por las que la fecha de la investidura de Sánchez se pospone constantemente. Antes de abordar este tema, el Congreso se centrará en la investidura de la Princesa de Asturias como parte de su mayoría de edad el 31 de octubre.

Sánchez tiene el poder de determinar la fecha de su investidura en el Congreso, aunque por ahora no cuenta con los votos necesarios. Esto es parte de una estrategia para llevar las negociaciones al límite y reducir el precio de la investidura tanto como sea posible, ya que sus posibles socios temen una repetición de las elecciones. Puigdemont, ERC y el PNV están preocupados por las encuestas que sugieren un mal resultado en unas elecciones anticipadas. "Lo único que no quiere el PNV son elecciones", según fuentes. Junts también tiene sus cartas para jugar y está atento a la votación que el Consejo de la República organizará sobre un posible acuerdo con Sánchez. Aunque no es vinculante, ejercerá presión. Por otro lado, el PSOE y Sumar han establecido octubre como plazo para cerrar un acuerdo de gobierno, pero el tiempo está en su contra.