La Junta de Fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo ha decidido por abrumadora mayoría investigar al ex presidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, por presunto terrorismo. Esta decisión surge a raíz de la exposición razonada del magistrado Manuel García Castellón, quien instruye el caso de Tsunami Democràtic en la Audiencia Nacional.

Según el dictamen, doce de los quince fiscales de la Sección consideran que existen suficientes indicios para calificar los disturbios de la plataforma separatista como un delito de terrorismo. Además, once de ellos ven presunta responsabilidad en estos hechos por parte de Puigdemont y del también diputado de ERC Rubén Wagensberg, quien se encuentra fugado en Suiza.

Sin embargo, durante la deliberación surgió una discrepancia entre los dos fiscales jefe de la Sección, Fidel Cadena y Joaquín Sánchez-Covisa. Esta discrepancia permitió a Sánchez-Covisa invocar el artículo 24 del Estatuto Orgánico y remitir el caso a la teniente fiscal procedente de la era Delgado, Ángeles Sánchez Conde.

Según esta norma, los acuerdos de la mayoría tendrán carácter de informe, pero prevalecerá el criterio del Fiscal Jefe. Sin embargo, Sánchez Conde no está obligada a seguir el criterio de la mayoría de fiscales y puede enfocar su dictamen de manera discrecional.

Este movimiento permite suavizar el revés sufrido por el fiscal general, quien intentó sin éxito que la decisión mayoritaria negara el terrorismo. La fiscal Sánchez Conde, de perfil "izquierdista", fue nombrada por Dolores Delgado en enero de 2022 y ha estado involucrada en casos importantes como los indultos del procés y de Juana Rivas, así como la querella presentada contra Ione Belarra. Su intervención más reciente fue en el interrogatorio a la jugadora de fútbol Jennifer Hermoso tras un incidente de acoso.