En un desarrollo sorprendente en la investigación del 'Procés', el juez del Juzgado de Instrucción No. 1 de Barcelona, Jesús Aguirre, ha extendido la investigación del caso Volhov, revelando una red de conexiones profundamente arraigada entre el movimiento independentista catalán y Rusia. Esta expansión de la investigación ha implicado al ex dirigente de CDC, Víctor Terradellas, y al jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, dos figuras cercanas al expresidente catalán que se encuentra en el exilio.

Lo más impactante de esta resolución es la sugerencia de que Rusia podría haber filtrado información sobre su intención de invadir Ucrania al círculo íntimo de Puigdemont. Según el juez Aguirre, "este Magistrado ha revisado otra parte importante de la abundante documentación existente en las diferentes piezas de la presente causa, habiendo encontrado datos que identifican a personas y confirmarían las estrechas relaciones personales existentes entre algunos de los investigados [como Terradellas o Alay] con individuos de nacionalidad rusa, alemana o italiana".

Estos individuos, según la investigación, ocupaban cargos diplomáticos o tenían vínculos con los servicios secretos rusos, mientras que otros eran miembros influyentes de partidos políticos de extrema derecha en Alemania o Italia. Todos compartían un interés común: establecer relaciones de influencia política y económica con el gobierno de Cataluña en caso de una independencia unilateral de España.

El juez Aguirre también señaló que los objetivos de esta colaboración incluían desencadenar "una guerra entre la Unión Europea y Rusia, la invasión de Ucrania y la consecuente limitación del suministro de gas a Europa. Esto representaría el primer paso importante en la estrategia política del gobierno ruso y su presidente de tendencia política de extrema derecha para la desestabilización de la democracia y la Unión Europea". Además, la independencia unilateral de Cataluña respaldada por el gobierno ruso, mediante apoyo económico y militar, podría llevar a la salida de España de la UE, un escenario que ha sido documentado en esta investigación.

Esta nueva revelación ha reactivado la investigación sobre la supuesta trama rusa detrás del 'Procés', llegando justo antes de la aprobación de la ley de amnistía en el Congreso español. Además, Junts (anteriormente JxCAT) ha logrado imponer sus demandas al gobierno de Sánchez para exonerar a los implicados en los casos legales de Volhov y Tsunami.

El juzgado también informó que recibió una nota anónima en diciembre pasado que proporcionaba nueva información y datos sobre los vínculos entre el movimiento independentista y Moscú.

Esta investigación, que comenzó en octubre de 2020, se centra en los supuestos contactos rusos con el movimiento independentista catalán y en el desvío de fondos públicos para respaldar la declaración unilateral de independencia. Los contactos entre Carles Puigdemont y su equipo con intermediarios vinculados al Kremlin antes, durante y después del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 son el foco principal de las indagaciones.

Una reunión clave tuvo lugar el día antes de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), el 26 de octubre de 2017, cuando Puigdemont se reunió con intermediarios rusos, incluido Nikolay Sadovnikov, un empresario cercano al presidente Putin. En esta reunión, los enviados rusos ofrecieron asistencia económica y militar a Cataluña una vez que se lograra la independencia, incluyendo la promesa de pagar parte de la deuda pública de Cataluña con España y proporcionar 10,000 soldados rusos si fueran necesarios. A cambio, solicitaron legislación favorable para realizar negocios con criptomonedas.

Estas revelaciones han sacudido la investigación del 'Procés' y plantean preguntas cruciales sobre el alcance de la implicación internacional en el movimiento independentista catalán y las posibles consecuencias para Cataluña, España y la comunidad internacional. A medida que la investigación continúa, se espera que se arroje luz sobre la naturaleza de estas conexiones y su impacto en el panorama político de Cataluña y España