En uno de los capítulos más controvertidos de la gestión de la pandemia por COVID-19, el Ministerio de Sanidad, liderado entonces por Salvador Illa, realizó una compra de mascarillas quirúrgicas con un sobreprecio del 3.500% respecto a las ofertas de empresas españolas en el mismo período. La adjudicataria, un despacho de abogados chipriota con tan solo cuatro empleados, vendió 13 millones de mascarillas por un importe que supera los 9 millones de euros, según informaciones recogidas por Vozpópuli.

Una adjudicación bajo la lupa

El contrato se firmó en abril de 2020 con Danbury Enterprises, situando el precio de cada mascarilla en 70 céntimos, un coste muy superior al de Suministros Hospitalarios, una firma nacional que ofrecía cada unidad a 2 céntimos. Este despacho de abogados, especializado en la "actividad propia de la abogacía" y sin experiencia previa en el suministro de material sanitario, se situó en el centro de la polémica por una gestión que ha sido calificada de "negligente" por algunos sectores.

Contrastes y comparaciones

Mientras el Ministerio se decantaba por esta opción extranjera, Suministros Hospitalarios, con un historial en la importación y exportación de material médico, quedaba en segundo plano con contratos que no llegaban a 20.000 euros en total. La discrepancia de precios y la selección de un proveedor sin vínculos aparentes con el sector sanitario han despertado dudas y críticas.

Vox alza la voz

La formación política Vox ya había expresado su preocupación en 2020, cuestionando la viabilidad de Danbury Enterprises para cumplir con el contrato y señalando irregularidades en la adjudicación. El BOE llegó incluso a publicar una rectificación sobre la dirección de la empresa tras un primer anuncio que indicaba "dirección desconocida", aumentando las sospechas sobre la transparencia del proceso.

Consecuencias y reflexiones

Este episodio suma una nueva página al historial de compras cuestionadas durante la pandemia, que incluye sobreprecios y adjudicaciones a empresas de sectores no relacionados con la sanidad. A medida que se desvelan más detalles, crece el debate sobre la gestión de fondos públicos y europeos en un momento crítico para la salud pública y la economía del país.

En un contexto donde cada euro contaba para luchar contra la pandemia y proteger a la población, las decisiones del Ministerio de Sanidad sobre el suministro de mascarillas se enfrentan ahora a un escrutinio que demanda.