La querella presentada por el Ministerio Público señala directamente a las empresas Damco Trading Services y Tanoja Services, que entre 2020 y 2021 se convirtieron en proveedores exclusivos del Servicio Canario de Salud (SCS), a pesar de que una de ellas no había reportado actividad económica previa significativa. Lo alarmante de esta operación no reside solo en la cuantiosa suma implicada sino también en el hecho de que casi 10 millones de euros corresponden a material que nunca fue entregado, según desvela el digital The Objetive.

Los empresarios implicados, identificados con las iniciales N.J.F., M.A.R.A., L.B.L.C. y C.C.E., enfrentan ahora cargos serios que ponen en entredicho la gestión de los recursos destinados a combatir la pandemia. La investigación, que se inició tras las denuncias de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) por discrepancias en los pagos y el material recibido, revela un entramado de transacciones y transferencias que apuntan a un aprovechamiento indebido de fondos, incluidos aquellos provenientes de la Unión Europea.

Este caso se suma a otras dos causas penales abiertas en Canarias relacionadas con la compra de material sanitario, evidenciando un patrón de conducta que ha llevado al cuestionamiento de los procedimientos de contratación durante el estado de alarma. La pérdida de confianza en las instituciones y en aquellos encargados de velar por la salud pública es, quizás, uno de los daños más difíciles de reparar.

La Fiscalía de Las Palmas ha optado por mantener la instrucción del caso a nivel local, tras consultar a la Fiscalía Europea sobre la posibilidad de que esta asumiera la investigación. Mientras tanto, el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha admitido a trámite la querella, marcando el inicio formal de un proceso que muchos esperan arroje luz sobre las sombras de la gestión de la pandemia en el archipiélago.