El Ministerio del Interior oculta una denuncia sobre corrupción que involucra a José Luis Ábalos
En una sorprendente revelación, El Debate ha descubierto que el Ministerio del Interior ocultó al Tribunal Supremo una denuncia sobre hechos de corrupción que involucran al exministro José Luis Ábalos, la cual fue recibida en la Embajada de España en Perú hace tres meses. Esta denuncia, presentada por un empresario peruano el 25 de noviembre de 2024, alega la existencia de "material sensible" que podría implicar directamente a Ábalos en una trama de corrupción internacional. Además, se señala que dicha trama estaría vinculada a la destrucción de pruebas en Perú por parte de una organización relacionada con el exministro, quien, según el denunciante, utilizaba una ONG como fachada para sus actividades ilícitas.
El caso del chalet en Chimbote
El escándalo se agrava al conocerse que, según El Debate, Ábalos sería propietario de un chalet de lujo en Chimbote, Perú, valorado en 1,2 millones de dólares, construido con fondos públicos destinados a proyectos benéficos a través de su ONG Fiadelso. La propiedad, de 900 metros cuadrados y con características que no parecen encajar con su supuesta finalidad altruista, se añade a un escándalo internacional que ya está siendo investigado por la Guardia Civil.
La denuncia presentada por el empresario peruano ante la Embajada de España en Lima no se limita a describir la supuesta implicación de Ábalos en la construcción del chalet. El denunciante afirma tener documentación sensible que acredita hechos de corrupción cometidos por el exministro en Perú entre los años 2018 y 2020, cuando Ábalos era ministro de Transportes en el Gobierno de Pedro Sánchez.
En la denuncia, el empresario explica que "la organización de Ábalos está destruyendo pruebas que lo incriminan directamente", lo que apunta a una posible operación encubierta para ocultar el rastro de estos hechos. El denunciante también ofrece su cooperación plena con las autoridades españolas, proponiendo entregar los documentos que posee tanto al Tribunal Supremo como a la Guardia Civil, en un claro intento de que las autoridades inicien una investigación formal.
La respuesta de la Embajada y el Ministerio del Interior
Sin embargo, El Debate ha podido confirmar que, a pesar de que la denuncia fue debidamente protocolizada y entregada a la Embajada de España en Perú, el contenido de la denuncia no fue comunicado al Tribunal Supremo como exige el procedimiento judicial en curso. Según fuentes de las fuerzas de seguridad, el Ministerio del Interior recibió la denuncia de manera extraoficial pero no la trasladó al Supremo, como debería haberse hecho, para que se integrara en la investigación contra Ábalos.
Además, las mismas fuentes indican que se les pidió que verificaran si existía algún nexo entre Ábalos y Perú, aunque no se informa de que se hayan realizado investigaciones adicionales al respecto. En cambio, la Embajada de España en Lima ha decidido eludir cualquier comentario y no ha ofrecido explicaciones sobre por qué no se comunicó la denuncia al Supremo ni sobre el manejo de esta denuncia sensible.
Un nuevo capítulo en el escándalo de Ábalos
Este nuevo episodio añade graves sospechas sobre la forma en que se están gestionando las investigaciones y las denuncias de corrupción contra figuras políticas de alto perfil, en especial aquellos que han ocupado cargos de poder en el Gobierno de Pedro Sánchez. Si bien las autoridades españolas parecen haber tenido conocimiento de estos hechos, la falta de transparencia y el posible encubrimiento de la denuncia pueden dar lugar a un nuevo escándalo que involucra tanto a los exministros como a los altos funcionarios encargados de supervisar la justicia en España.
El hecho de que el denunciante afirme tener pruebas que podrían incriminar a Ábalos en una trama de corrupción internacional, sumado a la destrucción de pruebas en Perú, pone en cuestión la integridad de la investigación en torno a su persona. La actitud de la Embajada y el Ministerio del Interior, al ocultar este material sensible, plantea interrogantes sobre la voluntad política de llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias.
En cualquier caso, este caso pone de nuevo sobre la mesa la necesidad de transparencia y de un seguimiento adecuado a todas las denuncias que puedan implicar a altos funcionarios del Gobierno. La implicación de Ábalos en estos hechos podría ser el punto de quiebre para una investigación más profunda sobre las relaciones políticas y financieras entre España y ciertos sectores de Perú, que hasta ahora han quedado opacadas por el poder de las instituciones.
