En una medida de represión, el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado el despliegue de 1.200 agentes antidisturbios en Madrid, en un esfuerzo por asegurar la estabilidad durante la investidura de Pedro Sánchez. Esta acción viene acompañada de una vigilancia intensiva por parte de la Comisaría General de Información a los líderes civiles de las protestas en curso.

La organización de 14 grupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) no solo se limita a la presencia en las calles, sino que incluye también la preparación de vehículos equipados con cañones de agua a presión, conocidos popularmente como 'lecheras'. Estos dispositivos, cuya 'puesta a punto' se completará este fin de semana, estarán listos para ser utilizados en caso de conatos de descontrol civil.

La medida ha generado críticas de varios sindicatos policiales, quienes han expresado su preocupación por lo que consideran una “utilización política de los servicios de información del cuerpo”. Estas organizaciones han reiterado su petición de dimisión del Delegado del Gobierno en Madrid, alegando una gestión inadecuada de la situación.

En un giro reciente, se ha revelado que un Juez de la Audiencia Nacional autorizó la interceptación total de los dispositivos electrónicos de Alvise Pérez, un conocido analista político. Pérez ha declarado abiertamente su intención de 'paralizar' Madrid para 'evitar la investidura de la dictadura', lo que ha elevado la alerta entre las autoridades.

Este despliegue de seguridad y vigilancia representa una de las respuestas más robustas del gobierno ante las crecientes tensiones políticas y sociales en la capital española. Con la investidura de Pedro Sánchez a la vista, Madrid se prepara para afrontar un periodo de intensa actividad política y posibles manifestaciones.