La juez al cargo del caso Mediador ha solicitado información sobre los movimientos bancarios de la Asociación Deportiva Vega de Tetir, el club de fútbol de Fuerteventura que presidía Juan Bernardo Fuentes Curbelo, al sospechar que fue pudo servir para blanquear dinero de la trama.

Desde que hace un año comenzaron las investigaciones de este caso de presunta corrupción, diversos informes policiales apuntaban la posibilidad de que ese equipo de fútbol aficionado haber sido utilizado por Fuentes Curbelo y otros de los imputados en la causa para blanquear el dinero obtenido del presunto cobro de sobornos.

El exdiputado nacional del PSOE fue durante años el presidente de esa asociación deportiva, cargo que dejó cuando saltó a la luz pública su vinculación con el llamado caso Mediador.

En un auto fechado el pasado 29 de enero al que ha tenido acceso EFE, la juez María de Los Ángeles de Lorenzo recuerda la existencia de una orden para que se aporten de forma urgente los cheques y pagarés en papel y soporte digital emitidos por la AD Tetir, con número, fecha, importe, banco, cuenta y sucursal librada o código de la entidad en la que se ingresó.

También se remarca que en caso de que la cantidad hubiese sido cobrada en efectivo es necesario identificar a la persona que lo recibió.

Ordena, asimismo, que se facilite a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) la identidad completa del titular de los productos contratados, estén o no cancelados, tanto si son personas físicas como jurídicas.

Desde el Juzgado se advierte a la entidad bancaria con la que trabajaba el club que presidía Fuentes Curbelo que debe cumplir estos requerimientos y aportar toda la documentación obtenida, generada o gestionada en aplicación de las medidas para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

El coordinador del equipo deportivo, Ángel 'Lito' Nolasco Herrera, declaró como testigo el pasado 25 de enero y entonces se le requirió que aportara los correos recibidos de Fuentes Curbelo o enviados a este. En particular, se le pidieron los que aparecen en el informe elaborado por la Agencia Tributaria hace un año, en el que ya se advertía sobre el supuesto blanqueo por medio del club.

Como prueba de la complejidad de la investigación que se ha llevado a cabo durante los últimos doce meses, la magistrada refleja que hasta estos momentos se han emitido múltiples informes policiales, de los que 70 ha sido elaborados por el grupo de delitos tecnológicos.

Los de análisis financieros han corrido a cargo de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA), la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) y la Jefatura de Asuntos Internos  de la Guardia Civil (SAI).

Un año después de iniciadas las investigación, la juez aprecia indicios de la presunta comisión de delitos de prevaricación, cohecho, revelación de secretos, falsedad, estafa, tráfico de influencias y relacionados con la corrupción, contra la Administración pública y el blanqueo de capitales.