La Policía Nacional, a través de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), ha estado investigando en secreto un posible sobrecoste de 21,1 millones de euros en un contrato para la adquisición de respiradores durante la pandemia, adjudicado por el exministro de Sanidad, Salvador Illa. Esta investigación ha surgido a raíz de una denuncia presentada por un empresario involucrado en la ejecución del contrato, quien reveló discrepancias significativas en los precios de compra y venta de los respiradores.

El contrato en cuestión, valorado en 36 millones de euros para la compra de 5.000 respiradores, se realizó de manera directa, evitando un proceso de licitación pública debido a la urgencia derivada de la emergencia sanitaria. Inicialmente, el encargo se atribuyó a la empresa Hersill SA, especializada en la fabricación de equipos médicos, pero posteriormente se involucró a la empresa Escribano Mechanical and Engineering SL, dedicada a la producción de material bélico y sin experiencia en el ámbito sanitario.

Según la documentación proporcionada por el denunciante, Hersill vendió cada respirador a Escribano por un precio significativamente menor al que esta última empresa los revendió al Gobierno, generando un sobrecoste considerable. Mientras Hersill los vendió por 1.724,35 euros más IVA, Escribano los comercializó por 5.959,34 euros, lo que representó un aumento sustancial en el costo para el Estado.

Las pruebas reunidas por los investigadores incluyen facturas y documentos que corroboran la discrepancia en los precios, así como detalles sobre la fabricación y entrega de los respiradores. Se ha descubierto que, a pesar de que Escribano se mencionó en el contrato como un socio estratégico para la producción, la fabricación real de los respiradores estuvo a cargo de Hersill.

El contrato entre Sanidad y Escribano no especificó claramente el papel de esta última empresa, pero sí mencionó que aportaría conocimientos técnicos y recursos para la fabricación de los ventiladores pulmonares. Sin embargo, las pruebas indican que Hersill fue responsable de la producción, recibiendo menos compensación de la que pagó el Gobierno a través de Escribano.

El contrato, que estableció un plazo de entrega de ocho semanas, también contenía detalles sobre las características y especificaciones técnicas de los respiradores requeridos, los cuales fueron fabricados por Hersill. Estos respiradores, conocidos como modelo Vitae 40, son dispositivos portátiles diseñados para uso en hospitales y unidades de cuidados intensivos móviles.

En resumen, la investigación de la UDEF apunta a posibles irregularidades en el proceso de adquisición de respiradores durante la pandemia, lo que ha generado preocupación y críticas sobre la transparencia y gestión de los recursos públicos en un momento de crisis sanitaria.