Desde su reciente designación como embajador de España ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en París, el expresidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se encuentra en el epicentro de una polémica que amenaza con ensombrecer su retiro dorado. El Gobierno valenciano, bajo la dirección de Carlos Mazón, ha decidido emprender una minuciosa revisión de los contratos suscritos durante la gestión de Puig, específicamente en el contexto de la pandemia.

La distancia de 1.376 kilómetros entre las ciudades de Valencia y París no ha servido como barrera para la atención gubernamental sobre las posibles irregularidades en las adquisiciones de material sanitario durante la crisis sanitaria. La fecha clave en esta trama se remonta al 20 de febrero, cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el nombramiento de Puig como embajador ante la OCDE.

El retiro aparentemente tranquilo del liderazgo del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE) y de la Generalitat Valenciana ha tomado un giro inesperado, ya que su sucesor, Carlos Mazón, ha decidido abrir una investigación exhaustiva sobre los contratos suscritos por Puig durante la pandemia. El objetivo es determinar si existió alguna irregularidad en las operaciones o si, como sugieren algunas informaciones, hay conexiones con el denominado "caso Koldo".

En este escenario, la portavoz del Consell, Ruth Merino, asegura que el Gobierno valenciano se compromete a llegar "hasta el final" y tomará "todas las medidas oportunas" para esclarecer si algunas adquisiciones de material sanitario involucraron la contratación de servicios a "empresas fantasma". Esta respuesta gubernamental atiende a una solicitud presentada la semana anterior por el Partido Popular, en la que exigían acceso a la totalidad de los expedientes relacionados con los contratos en cuestión. Este movimiento ha sido denominado por el portavoz del Partido Popular en las Cortes Valencianas, Miguel Barrachina, como los "pelotazos sanitarios de Puig".

La solicitud de Barrachina se basa en la revelación de que el tripartito conformado por PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos habría contratado con la sociedad Levantina Ingeniería y Construcciones S.L., propiedad de un empresario detenido en el marco del caso Koldo y cercano a Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos. La conexión entre estos elementos ha generado una preocupación palpable, llevando al Gobierno valenciano a comprometerse con una revisión integral de los contratos suscritos durante la pandemia.

Más específicamente, Merino señala que el Gobierno regional investigará si alguna operación se realizó ilegalmente o si las adquisiciones de material sanitario involucraron a "empresas fantasma". Esta revisión incluirá un escrutinio detallado de los contratos firmados con Levantina Ingeniería y Construcciones S.L., buscando esclarecer si estas contrataciones se llevaron a cabo antes de las elecciones del 28 de mayo o después de mediados de julio, cuando el Partido Popular y Vox asumieron el control en la Generalitat.

La reacción de los partidos con representación en las Cortes Valencianas no se ha hecho esperar. Barrachina defiende su iniciativa argumentando que están "comprometidos con la verdad en la contratación de mascarillas" y buscan respuestas sobre los supuestos "pelotazos sanitarios del Gobierno de Puig". Además, insta a arrojar luz sobre si las empresas beneficiarias de los contratos actuaron correctamente, si se distribuyeron mascarillas ineficaces de manera consciente y si la cantidad de 82 millones de euros fue contratada verbalmente, sin documentación respaldatoria, en línea con lo indicado por la Sindicatura de Cuentas.

El PSPV-PSOE, ahora sin la figura de Puig en primera línea mediática tras su traslado a París, encuentra su defensa a cargo de José Muñoz, síndico del partido en las Cortes. Muñoz rebate la calificación de "empresas fantasma", alegando que este término "falta a la verdad" y demuestra un desconocimiento básico en tráfico mercantil. Según él, la excepcionalidad de la situación pandémica obligó a Puig a recurrir a "sociedades urgentes" para cumplir con las necesidades inmediatas.

En este contexto, la polémica no se reduce a un mero enfrentamiento dialéctico entre los dos principales partidos. Mientras el portavoz de Vox en el parlamento regional, José María Llanos, respalda la investigación de cualquier irregularidad en las contrataciones públicas, Joan Baldoví, líder de Compromís, cuestiona la diligencia del Partido Popular y, al mismo tiempo, respalda la investigación para llegar al fondo de cualquier irregularidad.

En resumen, el caso Koldo ha resurgido como un telón de fondo para una controversia que involucra al expresidente Ximo Puig, cuyos contratos durante la pandemia se someterán a una escrupulosa revisión. La investigación abordará posibles conexiones con el caso Koldo, la contratación de empresas bajo sospecha y la veracidad de los contratos verbalmente acordados durante una época crucial para la Comunidad Valenciana. La diversidad de reacciones políticas y las afirmaciones contundentes de los distintos partidos añaden un matiz adicional a esta trama, que promete mantenerse en el centro de la atención pública durante los próximos meses.