El escenario de las protestas agrícolas en España ha experimentado un cambio radical en los últimos días. Lo que comenzó con un tono de comprensión y empatía por parte del Gobierno hacia las demandas del sector primario ha derivado en una postura de firmeza y represión. Ministros que inicialmente mostraron su apoyo y comprensión hacia los agricultores, como Luis Planas de Agricultura y Teresa Ribera de Transición Ecológica, han sido reemplazados en el discurso por voces más duras dentro del Ejecutivo, que ahora vinculan las manifestaciones con intentos de desestabilización por parte de la ultraderecha.

Las recientes declaraciones de Óscar Puente, ministro de Transportes, y María Jesús Montero, vicepresidenta, marcan un cambio en la narrativa del Gobierno, acusando a las protestas de violar la ley y buscar desestabilizar el país. Esta tensión se ha traducido en instrucciones de Interior para que las fuerzas del orden actúen con contundencia, lo que ha resultado en enfrentamientos y el uso de medios antidisturbios en varios puntos del país, incluido el recurso a gases lacrimógenos y pelotas de goma.

La convocatoria de una gran protesta en Madrid, frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz, ha incrementado el nerviosismo en Moncloa, llevando al Gobierno a adoptar una postura más agresiva en su respuesta. La situación en las calles se ha vuelto más tensa, con miles de tractores cortando carreteras y enfrentamientos con la policía que han dejado heridos en ambos bandos.

Este cambio de estrategia del Gobierno ha sorprendido a muchos, pasando de buscar soluciones y mostrar solidaridad con los agricultores, a una represión directa y la asociación de las protestas con motivaciones políticas de ultraderecha. Este enfoque ha generado críticas y preocupaciones sobre la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica, además de plantear interrogantes sobre la capacidad del Gobierno para dialogar y resolver los problemas reales que enfrenta el sector agrícola en España.