El Gobierno reacciona tarde: licita por urgencia un plan paralizado en 2021
El Ministerio para la Transición Ecológica ha licitado por la vía de «urgencia» un contrato de «servicios para la reducción del riesgo de inundaciones» en varios puntos afectados por la última DANA, incluido el barranco del Poyo, epicentro de la tragedia. Se trata de unas actuaciones que, según reconoce el propio expediente, estaban previstas desde hace años, pero que fueron paralizadas en 2021 por el departamento entonces dirigido por Teresa Ribera.
El proyecto original —diseñado en 2006 y calificado como prioritario en 2009 por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)— planteaba un encauzamiento y drenaje del barranco para minimizar el riesgo de desbordamientos. Sin embargo, Transición Ecológica decidió apartarlo en 2021 por considerarlo «incompatible» con la Ley de Protección de la Huerta Valenciana, aprobada en 2018 por el gobierno autonómico de Ximo Puig, y por ser «demasiado caro para el beneficio obtenido».
Ahora, cuatro años después y tras los graves daños causados por la DANA, el Gobierno reactiva la idea. El nuevo contrato, valorado en 3,8 millones de euros, incluye intervenciones inmediatas en Horta Sud y otras zonas afectadas, concediendo un plazo de tres años para completar los trabajos.
El propio Ministerio reconoce la falta de actuación previa
El expediente al que ha tenido acceso OKDIARIO admite que «las crecidas de los ríos, barrancos y ramblas constituyen el riesgo natural más importante en la región mediterránea». Pese a ello, el Gobierno reconoce en el documento que la CHJ había detenido en 2021 la ejecución del proyecto de drenaje del Poyo para sustituirlo por una alternativa que solo protegía frente a caudales de periodo de retorno bajo.
La documentación explica que la necesidad de una nueva actuación se ha visto reforzada tras los hechos de octubre de 2024:
«Esto se ha puesto de manifiesto en el evento de inundación de octubre de 2024», señala el informe.
Además, el ministerio admite que el proceso para adoptar medidas contra el riesgo de inundaciones ha sufrido largos retrasos administrativos, pese a la elevada peligrosidad de las cuencas de respuesta rápida que caracterizan a la zona.
El Ejecutivo asume ahora el deterioro ambiental y el aumento del riesgo por el clima
Entre las actuaciones previstas se incluye:
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Mejora de la cubierta vegetal, gravemente alterada por la actividad económica.
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Reducción del riesgo de inundación mediante actuaciones hidráulicas.
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Medidas de restauración ambiental compatibles con la Ley de la Huerta.
El Gobierno reconoce además que la zona presenta una «peligrosidad actual» que podría agravarse debido al cambio climático, lo que hace imprescindible una intervención inmediata.
Un plan de comunicación para concienciar tras años de falta de previsión
La licitación también incorpora un apartado destinado a incrementar la conciencia social sobre los riesgos de inundación y la necesidad de adoptar medidas preventivas.
El contrato prevé formación para administraciones, líderes locales, población civil y medios de comunicación, con el objetivo de mejorar la difusión de información clave antes y durante episodios de lluvias torrenciales.
Según los pliegos:
«El éxito de muchas de las medidas pasa por una adecuada divulgación del fenómeno de las inundaciones y de las actuaciones realizadas a nivel local».
Este plan surge en un contexto marcado por la falta de previsión de la AEMET y de la propia CHJ, que no alertaron de la crecida del Poyo durante las horas más críticas de la DANA, lo que dificultó la respuesta y agravó los daños.
