El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un nuevo paquete de ayudas que movilizará 3.000 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para rebajar la factura energética de un 40% de los hogares del país ante el impacto de la crisis y que incluye una nueva tarifa regulada para que los hogares con caldera comunitaria puedan beneficiarse de ahorros.La nueva factura de la luz incluirá, además de información sobre el consumo de los vecinos o un comparador de tarifas, un apartado específico sobre el impacto del tope al gas que aprobó el Gobierno a mediados de junio. Lo hará, eso sí, sin referencias a costes, pagos, recargos o impuestos, ya que el Ejecutivo publicará en el BOE el párrafo exacto que deben incluir las comercializadoras que decidan desglosar la repercusión en la factura de la medida. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, explicó que quieren evitar "calificativos creativos".

Según fuentes del Ministerio de Transición Ecológica, lo que quiere Moncloa es evitar que en la factura se hable de cargos, impuestos, pagos o costes para referirse al mecanismo ibérico y la compensación a las eléctricas, porque se considera que son términos que no tienen mucho que ver con la naturaleza del concepto. Se buscará así una nomenclatura estandarizada que, en cualquier caso, sólo deberá aparecer si la compañía eléctrica decide desglosar la compensación a las gasistas en la factura.

La medida, apuntan estas mismas fuentes, es netamente positiva y el Gobierno quiere que se sepa. Teresa Ribera compareció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para detallar las 18 medidas del Plan +Seguridad Energética que se han aprobado con el último Real Decreto. "Creemos que es fundamental clarificar qué representa la aplicación del mecanismo ibérico visto el modo en el que se ha comunicado esta información a una muy buena parte de los consumidores en su factura".

Según apuntó, no es obligatorio trasladar ese ajuste del precio del gas: "Es obligatorio pagar el gas al precio del mercado, pero las compañías pueden decidir si trasladan todo o parte a los consumidores finales". Así, cree que si quieren trasladarlo -algo que considera "legítimo"- deben presentar "de una manera normalizada cómo se llama la aplicación de se mecanismo". Y aquí es donde entran esos calificativos creativos que usan las compañías "cuando nos intentan explicar que tenemos que pagar parte de ese ajuste del gas en las factura".

Además, detalló la ministra se incorporará información sobre cuál ha sido el precio medio del ajuste en el último mes natural. Se publicará el coste medio por concepto de ajusto y el impacto que tiene en el mercado mayorista. La factura, recuerda el Gobierno, es un 33% inferior de lo que sería sin las medidas que lleva aplicando más de un año, desde junio de 2021, con ya una decena de reales decretos.

29 DE 73 MEDIDAS

Con las recientemente aprobadas -18- ya hay en marcha 29 de las 73 herramientas que recoge el Plan +SE. En esta remesa se han activado las que necesitaban esta norma habilitante para empezar a funcionar, aunque ya se habían adelantado cuando se presentó el Plan en el anterior Consejo de Ministros.

Se trata principalmente, según Ribera, de medidas enfocadas en el ahorro, ya sea con esta información como de forma más tangible, como con la Tarifa de Último Recurso para los vecinos de comunidades con calefacción central. El Gobierno estima que llegará a unos 1,7 millones de hogares, que podrán reducir la factura en torno a un 50%. Para hacerlo, las comunidades deberán instalar repartidores de costes en las viviendas, aunque tendrán de plazo hasta septiembre del año que viene para hacerlo, pues el proceso requiere vaciar los circuitos y esto supondría estar sin calefacción.

Asimismo, se prorroga el alcance de la TUR, que, de momento, seguirá hasta diciembre de 2023. En este sentido, se dará mayor flexibilidad a los consumidores para que cambien sus tarifas y se puedan adaptar mejor a los cambios. También se refuerzan el bono social térmico y el bono social eléctrico, que aumentan su alcance -se crea un descuento del 40% para las familias trabajadoras con bajos ingresos afectadas por la crisis- y peso y se prorroga igualmente la minoración de los ingresos extraordinarios hasta diciembre de 2023.

En el apartado más técnico, se amplía hasta un kilómetro la distancia entre el consumo y la instalación de generación para autoconsumo y se refuerza la inversión y apuesta en renovables. Según datos del Ministerio, más de una tercera parte de todo el parque de autoconsumo de España se habrá instalado este año, en el que se multiplicará por 10 la capacidad que había en 2018.