La Fiscalía defiende a García Ortiz y pide al Supremo el archivo de la causa
La Fiscalía ha solicitado formalmente al Tribunal Supremo el archivo de la causa penal contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ambos procesados por un presunto delito de revelación de secretos en el marco del caso relacionado con el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
La petición de archivo, firmada por la teniente fiscal del Supremo, María de los Ángeles Sánchez Conde, representa un claro respaldo interno a García Ortiz y Rodríguez y una acusación directa al magistrado instructor, Ángel Hurtado, por, según la Fiscalía, haber introducido afirmaciones “novedosas” sin sustento probatorio, concretamente la supuesta intervención de la Presidencia del Gobierno en la filtración.
Crítica frontal al juez instructor
La Fiscalía denuncia que el auto de procesamiento se construye sobre una “inferencia temporal” y que no hay prueba directa de que García Ortiz ordenara o ejecutara la filtración del correo fechado el 2 de febrero de 2024, en el que el abogado de González Amador reconocía la comisión de dos delitos fiscales y ofrecía una conformidad penal.
La fiscal Sánchez Conde subraya que ni en los autos anteriores ni en las diligencias practicadas consta que el fiscal general actuara por indicaciones de Moncloa, como se sostiene en el auto de Hurtado. La imputación de una supuesta conexión política se habría introducido de forma sorpresiva, “ex novo”, y sin que los investigados hayan tenido oportunidad procesal de rebatirla.
“Sin pruebas de la filtración”, insiste la Fiscalía
Uno de los pilares de la defensa institucional es la falta de una prueba directa de la autoría de la filtración. La Fiscalía señala que los agentes de la UCO que investigaron el caso admitieron no haber encontrado evidencia alguna de que la cadena de correos terminara en manos de la prensa a través del fiscal general o Pilar Rodríguez.
Al contrario, se destaca que varios periodistas ya conocían el contenido del correo antes de que llegara a García Ortiz, citando como ejemplo un mensaje interno de un redactor de La Sexta enviado a las 21:54 del 13 de marzo de 2024 —cinco minutos antes de que el correo alcanzara al fiscal general—, lo que cuestionaría la versión de que fue él quien filtró el documento.
Además, según la Fiscalía, numerosas personas habían tenido acceso previo al correo: fiscales, funcionarios y periodistas, por lo que resulta improcedente imputar la filtración a una sola fuente sin pruebas concluyentes.
La nota de prensa, bajo escrutinio
En cuanto a la nota de prensa institucional difundida por la Fiscalía el 14 de marzo de 2024 —hecho que dio origen al procedimiento penal—, la teniente fiscal defiende que su finalidad fue “informar verazmente del comportamiento procesal de la Fiscalía” en un asunto “de evidente interés público”. El comunicado pretendía desmentir que la institución hubiera ofrecido un pacto a González Amador por motivaciones políticas, en contra de lo difundido por varios medios.
La Fiscalía sostiene que el correo ya era de dominio público y que su inclusión en el comunicado fue una medida defensiva para proteger la imagen institucional, no una violación deliberada del secreto profesional.
Contexto institucional
La posición de la Fiscalía se produce en un momento de máxima tensión política e institucional, con García Ortiz aferrado al cargo pese a su procesamiento, y en plena ofensiva del Gobierno para reformar el modelo judicial y entregar la instrucción penal a los fiscales.
El hecho de que sea la propia Fiscalía —y no una defensa particular— quien solicita el archivo podría reabrir el debate sobre la independencia efectiva del Ministerio Público cuando uno de sus máximos responsables se encuentra bajo investigación penal. Aunque jurídicamente no es incompatible, desde sectores judiciales y de la oposición ya se ha advertido del riesgo de “autoblindaje” institucional.
Próximos pasos
Ahora será la Sala de lo Penal del Supremo la que decida si mantiene el procesamiento y eleva el caso a juicio oral o atiende la petición de archivo. De mantenerse la causa, García Ortiz podría convertirse en el primer fiscal general del Estado en sentarse en el banquillo por un delito cometido en el ejercicio de sus funciones.
En todo caso, el asunto ha derivado en un terremoto jurídico-político con implicaciones de fondo sobre la confidencialidad en las negociaciones fiscales, la instrumentalización del Ministerio Público y la autonomía de sus órganos frente al poder político.
