El Fiscal Jefe de la Provincia de Tenerife ha lanzado una señal de alarma debido a la actual "crisis migratoria" en Canarias. Ha admitido que las "constantes llegadas de cayucos y pateras", tanto en Tenerife como en El Hierro, han desbordado al Ministerio Público en Tenerife. Además, ha enfatizado en una nota interna, a la que ha tenido acceso The Objective, que se ha vuelto "imposible llevar a cabo el trabajo", incluyendo la verificación de la edad real de los inmigrantes que llegan a Canarias afirmando ser menores no acompañados.

En el documento, el Fiscal Jefe de Tenerife revela un "aumento desmedido e insoportable de la carga de trabajo para los fiscales de la Sección de Trata y Extranjería de la Audiencia Provincial". Esta sección ha estado sin un fiscal delegado de Extranjería desde la salida de Carolina Barrio el 7 de septiembre, quien se unió a Eurojust en La Haya, dejando la posición vacante.

La Fiscalía General del Estado (FGE) había aprobado la salida de la fiscal delegada de Extranjería en Tenerife hacia Europa en junio. Sin embargo, cuatro meses después, su posición solo ha sido cubierta de manera temporal en medio de la oleada de inmigrantes que llegan en cayucos y pateras a las costas del sur de Tenerife y desde El Hierro. En la última semana, al menos 2,500 migrantes han llegado a Canarias, según datos de Salvamento Marítimo.

El Fiscal Jefe Provincial de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, ha reconocido en la nota interna que todas las medidas tomadas para abordar la situación migratoria actual "se han demostrado insuficientes, especialmente en lo que respecta a los procedimientos para determinar la edad de los menores no acompañados que llegan en estas embarcaciones".

Después de la salida de la fiscal delegada de Extranjería, ningún fiscal ha solicitado trasladarse para ocupar su puesto. Esta situación está generando descoordinación entre los ministerios de Justicia e Interior para hacer frente a la actual crisis migratoria en Tenerife y para repatriar a los inmigrantes indocumentados a sus países de origen.

Fuentes jurídicas han señalado la falta de apoyo y coordinación por parte de la Fiscalía de Sala de Extranjería y la Fiscalía General del Estado para abordar esta situación. Actualmente, un fiscal de Arona asumió temporalmente las tareas de coordinación, mientras que otro fiscal de Granadilla de Abona se encargó provisionalmente de verificar las edades de los menores no acompañados. La falta de recursos ha llevado a muchos recién llegados a Canarias a hacerse pasar por menores, ya que la ley prohíbe su repatriación. Como resultado, son registrados como solicitantes de asilo como menores de edad hasta que se verifique su edad en los tribunales.

"Fuentes policiales afirman que están registrando a hombres de 30 años como menores", y lamentan la ausencia de un fiscal delegado de Extranjería, lo que dificulta la actuación de la Policía Nacional y la falta de coordinación entre los ministerios de Justicia e Interior para repatriar a los inmigrantes que llegan de manera irregular.