En una decisión que marca un antes y un después en el proceso judicial relacionado con el desafío independentista catalán, la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo ha dado luz verde, por una amplísima mayoría, a la apertura de una causa por terrorismo contra el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Este pronunciamiento se produce tras meses de deliberaciones y análisis sobre las actividades vinculadas a la plataforma Tsunami Democrátic y el propio Puigdemont, destacando un marcado giro en la percepción de los hechos que se remontan a octubre de 2019, tras la sentencia del procés.

La decisión, que contó con el respaldo de doce fiscales frente a tres en relación con Tsunami Democrátic, y de once fiscales frente a cuatro en lo que respecta directamente a Puigdemont y al diputado de ERC Rubén Wagensberg, pone de manifiesto la existencia de indicios suficientes de terrorismo como para proceder con la investigación. Este consenso mayoritario contradice el segundo informe emitido por el fiscal Álvaro Redondo, que había sido objeto de controversia por su cambio radical de criterio en un corto periodo de tiempo.

La reunión de la Junta de Fiscales, que se extendió durante casi cuatro horas, estuvo marcada por la tensión pero se mantuvo enfocada en el análisis técnico de los hechos desde el principio. Aunque la decisión de la junta no es vinculante, establece un precedente significativo al considerar que las acciones atribuidas a Tsunami Democrátic y, por extensión, a Puigdemont, podrían encuadrarse dentro de actividades terroristas.

La discrepancia entre los dos jefes de la Sección Penal de la Fiscalía durante la votación ha llevado a que el informe final sea redactado por la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez-Conde, quien, a pesar de su cercanía con el fiscal general, Álvaro García Ortiz, tendrá la potestad de mantener el criterio mayoritario de la junta o modificarlo. Sin embargo, será finalmente la Sala Segunda del Supremo la que tenga la última palabra.Este episodio no solo evidencia las divisiones internas dentro de la Fiscalía en cuanto al tratamiento de los hechos relacionados con el proceso independentista catalán, sino que también resalta las dificultades del fiscal general del Estado para alinear los criterios de su equipo con su propia visión sobre el caso. La resolución de la Junta de Fiscales representa un momento clave en el futuro procesal de Puigdemont, en un contexto en el que la gestión de la Fiscalía bajo la administración de Pedro Sánchez enfrenta un creciente escrutinio público.