El fiscal general trata de exculparse: «Soy víctima de una operación política»
El escrito señala directamente a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, como responsable de difundir un «relato alternativo» a través de los medios de comunicación
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha roto su silencio procesal con un mensaje claro y directo: no cometió ningún delito y es víctima de una maniobra política planificada desde el núcleo duro del Gobierno madrileño. Así lo sostiene la Abogacía del Estado en el escrito de defensa remitido al Tribunal Supremo, en el que pide su absolución del presunto delito de revelación de secretos por la filtración de un correo interno relativo al novio de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador.
Un caso que afecta al corazón de la Fiscalía
El origen del procedimiento se remonta a febrero de 2024, cuando la Fiscalía recibió una comunicación del abogado de González Amador en la que admitía un fraude fiscal de 350.951 euros y ofrecía un pacto de conformidad. Ese correo, filtrado posteriormente a medios de comunicación, se convirtió en el centro de una tormenta política y judicial que terminó salpicando a García Ortiz.
Las acusaciones particulares —procedentes de asociaciones afines a la Comunidad de Madrid— piden penas de entre 4 y 6 años de prisión para el fiscal general por revelar información protegida. La defensa lo niega de forma categórica: «No ha existido hecho delictivo alguno», afirma el escrito.
El relato de la defensa: desinformación como estrategia
Según el documento presentado por la Abogacía del Estado, lo ocurrido forma parte de una «operación perfectamente orquestada» desde el entorno institucional de Isabel Díaz Ayuso, cuyo objetivo era crear un «relato alternativo» que presentara a González Amador como víctima de una persecución política, con la Fiscalía como brazo ejecutor.
La figura clave en esta estrategia sería, según el escrito, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, a quien se señala como responsable de filtrar a los medios la versión de que fue el propio fiscal general quien ofreció un pacto y que después lo retiró por presiones políticas. Una narrativa que —según la defensa— «nunca se ajustó a la realidad».
Competencias, prestigio institucional y testigos clave
García Ortiz sostiene que sus comunicaciones se produjeron en el ejercicio legítimo de sus competencias como fiscal general del Estado, en un intento de defender el prestigio de la institución ante una campaña que comprometía la honradez y profesionalidad de los fiscales implicados en el caso.
En línea con esta tesis, la defensa ha solicitado que se cite como testigos al propio González Amador, a su abogado, al jefe de gabinete de Ayuso y a varios periodistas y fiscales. También se pretende demostrar que la revelación no se hizo con ánimo delictivo, sino en respuesta a una filtración previa interesada, proveniente —según la versión de García Ortiz— del entorno de la Comunidad de Madrid.
El procedimiento sigue avanzando en paralelo por otra vía. El pasado lunes, el Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso de la Asociación de Fiscales que pide la suspensión cautelar de García Ortiz mientras se tramita la causa penal. Un gesto que, aunque no implica un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, sí refleja el grado de gravedad institucional que ha adquirido el caso.
